Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los principales problemas de corrupción detectados en el sistema público de salud están relacionados con los contratos para la compra y distribución de medicamentos, en los que, según dijo, hubo sobrecostos, prácticas monopólicas y presuntos pagos ilegales a servidores públicos, más que con la sustracción de fármacos dentro de los hospitales.
La mandataria reconoció que puede haber trabajadores que sustraigan medicamentos para venderlos fuera de las instituciones, pero sostuvo que esas conductas deben investigarse y castigarse cuando existan pruebas.
“Si hay en algún hospital alguien que vende medicamentos, pues que se proceda. Pero no es, nunca la generalidad, no está ahí el problema”, afirmó.
Sheinbaum defendió los cambios en los mecanismos de adquisición y distribución de insumos médicos, al señalar que el Gobierno busca terminar con contratos que, según su versión, otorgaban a determinadas empresas el control de varias etapas del proceso, desde la compra hasta la entrega de medicamentos en hospitales y centros de salud.
“Pues algunos que no quedan, que eran los del pasado, pues se enojan mucho porque ya perdieron un negocio que era amparo del poder público y que además muchas veces en el pasado se daban moches a los servidores públicos para contratar a uno y otro”, sostuvo.
La presidenta agregó que algunos contratos tenían vigencias de 10 o 15 años y afirmó que el problema incluía monopolios en la venta y distribución de medicamentos. Sus declaraciones se refieren a presuntas irregularidades que deberán acreditarse mediante las investigaciones correspondientes.
Sobrecostos en la distribución de medicamentos
Como antecedente, el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, presentó el 20 de octubre un caso bajo investigación relacionado con la distribución de medicamentos en el Estado de México.
Según la información expuesta, un contrato correspondiente a 2022 y 2023 alcanzó alrededor de mil 700 millones de pesos, mientras que otro, correspondiente a 2023, fue de 872 millones de pesos. Clark explicó que el esquema incluía la operación privada de farmacias dentro de hospitales públicos.
Tras modificar el esquema y realizar nuevos procedimientos de contratación, el funcionario reportó una reducción del 32 por ciento en el costo anual del servicio y un incremento de entre el 30 y el 40 por ciento en las piezas distribuidas mensualmente bajo ese mismo contrato.
El Gobierno federal sostuvo que estos cambios forman parte de una estrategia para reducir costos, ampliar la competencia y recuperar capacidades públicas en la distribución de medicamentos. La empresa involucrada no fue identificada durante la presentación, debido a que el caso continúa bajo investigación.
Sheinbaum también señaló que algunos proveedores dejaron de participar en las compras públicas tras los cambios en las reglas de contratación. El Gobierno ha defendido el uso de compras directas a fabricantes y subastas competitivas para obtener mejores precios.
Trazabilidad para detectar sustracciones
En cuanto a los medicamentos que desaparecen dentro de las instituciones, la presidenta planteó que el objetivo es establecer un sistema de trazabilidad que permita conocer el recorrido de cada producto, desde el proveedor hasta el paciente.
El seguimiento deberá registrar cuándo sale el medicamento, a qué almacén llega, en qué farmacia se encuentra y a quién se entrega. Sheinbaum reconoció que el control aún no está automatizado en todas las etapas y que algunas solicitudes todavía se realizan mediante oficios, en lugar de utilizar sistemas digitales.
La mandataria también explicó que el Gobierno ha buscado hacer más visible en los empaques la leyenda que identifica los medicamentos gratuitos del sector público, con el fin de facilitar que los ciudadanos detecten posibles productos sustraídos cuando se ofrezcan a la venta en establecimientos privados o mercados.
La instrucción, dijo, es que cualquier caso en el que existan pruebas sea denunciado y sancionado, sin que los sindicatos o las instituciones encubran a los responsables.
La estrategia federal contempla, por tanto, dos frentes: revisar los contratos y los costos de adquisición y distribución, así como mejorar los controles internos para impedir que los medicamentos destinados a los pacientes terminen fuera de los hospitales.