Ciudad de México.- La posibilidad de detener a Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), deberá esperar a que las autoridades concluyan las investigaciones sobre presuntas irregularidades en las contrataciones del organismo, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió no adelantar conclusiones y dejó en manos de la Fiscalía la decisión de proceder penalmente.
La mandataria respondió así a la propuesta del consejero electoral Arturo Castillo, quien planteó que la Fiscalía General de la República (FGR) considere la prisión preventiva oficiosa para Taddei, ante posibles delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
Sheinbaum consideró que antes de cualquier determinación debe realizarse una auditoría y, posteriormente, si se encuentran elementos que puedan constituir delitos, presentar el caso ante la autoridad ministerial.
“¿Quién define eso? La Fiscalía, ¿no? Pero lo primero que tiene que haber es una auditoría. Y después de la auditoría, lo que se encuentre, si tiene algún asunto penal, pues que se presente a la Fiscalía y la Fiscalía tendría que hacer su propia investigación”, señaló.
Ante la posibilidad de que la exfuncionaria electoral enfrente un proceso penal, insistió: “No se adelante”.
El caso también abrió cuestionamientos sobre la contratación de empresas proveedoras de material electoral. Sheinbaum afirmó que existe una concentración de adjudicaciones en un grupo reducido de compañías que, según su planteamiento, funcionan como intermediarias y subcontratan a otras para producir boletas y documentación electoral.
Entre las empresas señaladas en las investigaciones periodísticas están Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg y Seriplast, vinculadas comercialmente con los hermanos Hernández Casillas.
Una investigación publicada por EL PAÍS documentó que empresas relacionadas con esta red obtuvieron 853 millones de pesos en 21 licitaciones en las que participaron compañías vinculadas entre sí. Los contratos alcanzaron a 25 organismos electorales locales durante la última década.
La presidenta también planteó fortalecer Talleres Gráficos de México para ampliar su capacidad de producción de materiales electorales y reducir la dependencia de proveedores privados. Propuso modificar su estructura administrativa para incorporar un consejo abierto, con participación de universidades, que garantice transparencia.
El planteamiento ocurre después de que Taddei renunciara a la presidencia del INE el 26 de octubre, en medio de los señalamientos sobre posibles conflictos de interés en las contrataciones. La exfuncionaria había rechazado tener empresas favoritas y ofrecido solicitar una revisión de los procedimientos ante la Auditoría Superior de la Federación.
Hasta ahora, no existe información oficial que confirme una orden de aprehensión contra Taddei ni que permita establecer con certeza su ubicación actual.