Ciudad de México.- La dirigencia nacional de Morena endureció su postura frente a Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 26 de octubre, en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés.
Ariadna Montiel, presidenta nacional del partido, calificó como “indefendible” la actuación de la exfuncionaria y sostuvo que, desde la perspectiva de Morena, no se condujo conforme a los principios que deben regir el servicio público.
“La exconsejera presidenta es indefendible para nosotros; significa que no se condujo con los principios con que debe conducirse cualquier servidor público”, sentenció.
La dirigente también retomó el argumento de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a que la oposición busca presentar los cuestionamientos sobre Taddei como si Morena hubiera designado directamente a las consejerías electorales.
“La oposición quiere hacer ver como que Morena nombramos a los consejeros”, agregó.
Montiel afirmó que el movimiento impulsó un cambio democrático y que quienes ocupan responsabilidades públicas deben responder por sus decisiones, independientemente de su filiación política.
“En Morena impulsamos un cambio democrático y las personas deben hacerse cargo y responsables de sus actos; cualquiera de nosotros así lo debemos hacer”, puntualizó.
ASF investigará las gestiones del INE
La presidenta de Morena señaló que será la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la instancia encargada de revisar las actuaciones del instituto electoral, tanto del pasado como del presente.
“Será la ASF quien haga las investigaciones del pasado y del presente del INE”, indicó.
La declaración se produce después de que Guadalupe Taddei presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados y de que el Consejo General del INE designó a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional del organismo.
La salida de Taddei no significa que hayan concluido las investigaciones ni que se hayan acreditado responsabilidades. La revisión de contratos, proveedores y decisiones administrativas deberá arrojar elementos para determinar si existieron irregularidades y, en su caso, quiénes deben responder ante las autoridades competentes.