Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los actuales consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sanear el organismo, transparentar sus contrataciones y establecer reglas que permitan reducir los costos de los procesos electorales, luego de los señalamientos sobre una red de empresas proveedoras de materiales electorales.
La mandataria sostuvo que corresponde a las autoridades competentes determinar si existen responsabilidades administrativas o penales en los casos bajo investigación, pero consideró que el Consejo General del INE debe actuar para corregir las prácticas de contratación y evitar que se repitan.
“Si tienen responsabilidades administrativas, penales, eso no lo determina la presidenta de la República; para eso hay instancias”, afirmó.
Sheinbaum señaló que la tarea inmediata de los consejeros es garantizar que las adquisiciones se realicen con transparencia, además de establecer lineamientos que también sean adoptados por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de las entidades.
Presupuesto electoral, bajo cuestionamiento
La presidenta puso especial atención en el costo de organizar las elecciones y señaló que los mecanismos de contratación que actualmente se investigan pudieron contribuir a elevar el gasto público.
“Porque muy probablemente parte del monto tan alto, 37 mil millones de pesos que se usan para la elección de un año, pues están inflados con todos estos esquemas”, sostuvo.
La cifra forma parte de los cuestionamientos que Sheinbaum ha planteado sobre el presupuesto electoral. En septiembre, consideró que, para los comicios de 2027, el gasto debería tomar como referencia los recursos utilizados en la elección de 2024, actualizados conforme a la inflación.
En octubre también cuestionó el presupuesto del INE y pidió revisar si realmente se requieren tantos recursos, además de abrir una auditoría amplia sobre los contratos y el ejercicio del gasto de administraciones anteriores.
Contrataciones y reglas para los organismos estatales
El llamado ocurre después de que la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó una investigación sobre empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas, cuya trayectoria empresarial fue rastreada hasta la década de los ochenta.
La exposición identificó seis compañías vinculadas con ese grupo y describió un presunto mecanismo de simulación de competencia en licitaciones de material electoral: varias empresas participarían con propuestas económicas coordinadas para favorecer la adjudicación a una de ellas.
A partir de esos señalamientos, Sheinbaum insistió en que el INE debe revisar sus procedimientos, abrir las contrataciones a una mayor participación de proveedores y establecer costos y criterios claros para los materiales electorales.
También planteó que los organismos electorales estatales adopten reglas comunes de transparencia, con el propósito de evitar que las mismas empresas concentren las adquisiciones y que los precios se mantengan por encima de lo necesario.
La presidenta aclaró que el deslinde de responsabilidades corresponde a las instancias fiscalizadoras y de procuración de justicia. Mientras tanto, pidió a los consejeros actuales asumir la tarea de corregir los procedimientos y garantizar condiciones de transparencia rumbo a las elecciones de 2027.