Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma constitucional que busca impedir que una persona con doble, triple o cuádruple nacionalidad pueda aspirar a la Presidencia de México, bajo una premisa que, dijo, debe definir a quienes encabecen los gobiernos: una bandera, una patria y un pueblo.
“Las y los presidentes de México solo pueden tener una bandera, una patria, un pueblo”.
La declaración ocurrió después de que el Senado de la República aprobó la reforma constitucional con 86 votos a favor y 42 en contra, modificando los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para aspirar a la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Sheinbaum cuestionó que partidos de oposición y legisladores hayan votado en contra de la propuesta. La presidenta centró su argumento en que quien ocupe la Presidencia debe mantener un vínculo nacional exclusivo.
“De verdad, no puedo entender que un mexicano crea que un presidente de México pueda tener, por ejemplo, nacionalidad estadounidense y nacionalidad mexicana. No lo puedo entender”.
La mandataria también rechazó que la reforma represente una pérdida general de derechos para los mexicanos que viven en el extranjero y han adquirido otra nacionalidad. Precisó que la restricción está dirigida a quienes pretendan ocupar los cargos ejecutivos señalados.
“No le estamos quitando ningún derecho”.
La iniciativa originalmente fue presentada por Sheinbaum con el argumento de que, para quienes busquen encabezar el Ejecutivo federal o estatal, el interés nacional debe colocarse por encima de cualquier otro vínculo con otro Estado. La propuesta contempla que quien tenga otra nacionalidad deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato.
El dictamen también establece que, durante el ejercicio del cargo, la persona no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar pasaporte o documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de otro Estado.
La oposición sostuvo durante el proceso legislativo una posición distinta y cuestionó que la medida pueda afectar los derechos políticos de mexicanos que cuentan con doble nacionalidad. Esas bancadas votaron en contra de la reforma en el Senado.
Con la aprobación de la Cámara alta, el proyecto fue turnado a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Al tratarse de una reforma constitucional, el artículo 135 establece que requiere la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales y de la Ciudad de México. Con 32 entidades, esto significa alcanzar al menos 17 congresos locales.
El cambio, de ser aprobado por los congresos necesarios y completado el procedimiento constitucional, tendrá aplicación para los procesos electorales correspondientes a partir de 2028, conforme al régimen transitorio aprobado.