El Insabi, un experimento fallido

El modelo creado por la 4T para sustituir el Seguro Popular se queda corto en la promesa de corregir las grandes fallas de su antecesor

Andrés Manuel López Obrador eliminó el Seguro Popular lanzado durante la administración de Vicente Fox
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Escrito en DISTRITO ABC el

“El Seguro Popular no es seguro ni es popular y va a desaparecer”, anticipaba en 2018 Andrés Manuel López Obrador cuando aún era candidato a la Presidencia. 

Hoy, transcurrida más de la mitad del sexenio, aquella promesa se ha cumplido sólo parcialmente. El sistema anterior, ideado en el gobierno de Vicente Fox para dar atención médica a población sin cobertura, sí desapareció, pero su reemplazo aún arroja grandes fallas, incluso más marcadas que las de su antecesor.

Los críticos de AMLO achacan dos fallas principales al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi): deficiencias en atención y un marcado desabasto de medicamentos. Con ello, afirman, se incumple el gran postulado con el que la llamada 4T sepultó el Seguro Popular, que era brindar servicios médicos de manera gratuita y universal.

El nuevo Insabi se ha quedado en el área de “pruebas” y el reciente lanzamiento de IMSS Bienestar, que se encargará de suplir sus principales funciones operativas, evidencia, a decir de observadores, que  ya fracasó.

Del Seguro Popular al Insabi 
El Insabi comenzó a gestarse en Ley a partir de 2019 y en 2020 inició operaciones.

El espacio para lograr mejoras era relativamente amplio ya que este modelo aplica sólo para aquellos que no tienen acceso a los servicios del IMSS (sector privado) e ISSSTE (sector público), es decir, la población peor atendida del país.

Según cifras del Inegi, actualmente sólo el 73% de la población del país está afiliado a algún sistema de salud. El resto, más o menos 34 millones, son el objetivo de programas como el nuevo Insabi y, en su momento, el Seguro Popular.

Si bien el proyecto de Vicente Fox, surgido en 2004, era perfectible, a decir de una mayoría de analistas, el modelo introducido por AMLO no ha ofrecido, en los hechos, una mejoría real.

El nuevo sistema le fue encargado a Asa Christina Laurell, actual directora de Planeación Estratégica e Institucional del IMSS, quien en el pasado ya fue subordinada de López Obrador durante su gestión en la jefatura de gobierno de la CDMX.

El planteamiento para cambiar de un sistema a otro era que el Seguro Popular sufría un gran déficit de personal médico, problemas de abasto de medicamentos, equipo e insumos, así como deficiencias de infraestructura y problemas para brindar cobertura.

Sin embargo, estos grandes temas aún no encuentran una solución clara, al grado que, sólo en la primera parte del año, se registró un subejercicio de más del 31% en los recursos presupuestados para el Insabi.

Así lo reveló la diputada neoleonesa Annia Gómez, quien se aventuró a calificar el nuevo sistema de cobertura como un “fracaso total”.

Según informes de Hacienda, la Secretaría de Salud podía ejercer $59,838.6 millones de pesos entre enero y abril pasados, pero sólo erogó $41,136.8 millones.

La diferencia, casi $19,000 millones de pesos, podrían haberse utilizado para atender problemas de abasto y atención que son latentes en el aún desdibujado Insabi.

“Acabamos de solicitar desde la Cámara de Diputados la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud (Jorge Alcocer) porque detectamos este subejercicio”, aclara la legisladora panista.


“No entendemos por qué, si hay presupuesto, no lo aplican para el abasto de medicamentos y la atención a enfermedades catastróficas’’, amplía.

 No hubo corrección 
Las denuncias de corrupción alrededor de la compra de medicamentos en el Seguro Popular se contaron entre los argumentos para desmantelarlo y dar paso al nuevo Insabi. 

Incluso, al lanzar el Insabi, el presidente López Obrador involucró a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, todo esto con la idea de asegurar, supuestamente, la transparencia del nuevo sistema.

Sin embargo, hoy el Insabi ya está incluido en el listado de Índice de Riesgos de Corrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad, como una de las entidades proclives a sufrir ese delito.

Y el desabasto también es latente, pues al primer semestre de 2022, el Insabi contemplaba la compra de 549 millones de piezas, entre medicamentos y materiales de curación, y hasta el 20 de junio pasado los estados del país sólo habían recibido 120 millones, según datos de la propia Hacienda federal.

Aunado a ello, la plataforma México Evalúa advierte de una caída en las atenciones que brinda el nuevo seguro.

En los primeros cuatro meses de 2021 las atenciones brindadas ascendieron a 6.6 millones, mientras que en el mismo periodo del 2022 cayeron a 5.3 millones, es decir, fueron 20% menos.

Además, según datos de Coneval, organismo público dedicado a medir las políticas de desarrollo social y los niveles de pobreza en México, el acceso a la salud muestra hoy un peor rezago, pues éste pasó del 16.2% en promedio durante el 2018, hasta un 28.2% en el 2020.

Y en cuanto al presupuesto total, si bien hay más recursos, éstos han aumentado sólo marginalmente, En el 2018, el último año del gobierno anterior, se destinaron al Seguro Popular $190,790.1 millones de pesos, mientras el año pasado el Insabi contó con $198,334.1 millones, es decir, un aumento de apenas 4%, que si se toma en cuenta la inflación, quedó totalmente nulificado.

Y ahora… IMSS Bienestar 
Ante el cúmulo de deficiencias operativas y el hecho de que, a medio sexenio, el Insabi no ha logrado tomar un curso efectivo, el gobierno federal lanzó recientemente su nueva apuesta, el IMSS Bienestar, que el cual fue anunciado en marzo pasado e introducido formalmente en abril.

Los observadores aseguran, sin embargo, que esta nueva formulación, que consiste en asignar al ya atribulado IMSS la responsabilidad de atender a quienes no tienen cobertura, es una velada manera de reconocer que el Insabi ya fracasó.

Y es que, en los hechos, el IMSS BIenestar se encargará de dar los servicios de salud y medicamentos a quienes no tienen seguridad social y, de hecho, ya ha comenzado a establecer acuerdos con algunos estados del país.

A decir del diputado federal Éctor Jaime Ramírez, los desajustes del gobierno federal para atender a la población sin cobertura de salud no sólo impactan a los pacientes sino al personal médico.

Durante la implementación del Sistema de Salud, afirma, se han despedido a profesionistas de la salud y se les ha estado contratando con nuevas condiciones, lo que les “genera desánimo”.

Además, advierte que para los doctores y enfermeras estos cambios producirían confusión, así como posibles cargas adicionales de trabajo ante la expectativa de una mayor derechohabiencia.

Pese a todo, el legislador aclara que el gobierno federal mantendrá vigente al Insabi, aunque sólo para distribuir los recursos, ya que no hacerlo significaría un fracaso que el Presidente de la República no quiere asumir.

 

Fuente: Análisis propio con información de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el Programa Institucional del Instituto de Salud para el Bienestar y observadores.

 

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