La Unidad Anticorrupción ha derivado acciones correctivas contra 76 servidores públicos, de los cuales tres han sido cesados, además de presentar dos denuncias penales.
Entre las acciones se encuentran sanciones administrativas, económicas y disciplinarias; promoción de inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa y denuncias penales.
A través de un comunicado de prensa, la titular de la Unidad Anticorrupción, María Narváez Tijerina, dio a conocer que en total se han emitido seis recomendaciones sobre mejoramiento de procesos y fortalecimiento de control interno, a igual número de dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado.
En el caso de las sanciones disciplinarias han sido aplicadas a cuatro servidores públicos por incumplimiento de sus obligaciones de salvaguardar la legalidad y eficiencia en el desempeño de sus cargos.
Además, como parte del Plan Anticorrupción, se impusieron sanciones económicas a 54 servidores públicos por no presentar su manifestación de bienes en el plazo establecido.