El Hospital Universitario suspendió ayer el servicio médico que brinda a trabajadores de Ciudad Guadalupe ante la falta de pagos a ese nosocomio, denunciaron trabajadores del Ayuntamiento.
Lo anterior dijeron los inconformes es debido a la corrupción y las anomalías financieras que tiene el Gobierno de esa ciudad y que incluye la presencia de alrededor de 300 ""aviadores"" en la nómina, una deuda de unos mil 200 millones de pesos, de los cuales el tesorero, Jesús Páez, sólo admite que es de poco más de 600 millones, aunque eso se refiere a préstamos de Banobras y de Banco Afirme.
La administración municipal de Guadalupe admitió a través del director de la clínica de los trabajadores que el desabasto de medicina es ocasional y por problemas imputables en muchos casos a los laboratorios.
Antonio Elizondo, director médico de la clínica de los trabajadores de Guadalupe, refirió que con pocos recursos han tratado de dar el servicio de la mejor calidad a los derechohabientes y admitió el desabasto ocasional de medicinas, pero por cuestiones más bien atribuibles a los laboratorios que a las deudas de la administración.
El propio médico reconoció que sí existen adeudos importantes aunque dijo carecer de la información concreta de a cuánto asciende la deuda con proveedores, pues esa información la maneja el área administrativa de la Presidencia Municipal.
Elizondo señaló que han tratado de hacer una sinergia con el Sindicato de Trabajadores, que reconoció en ocasiones le ha apoyado para adquirir medicamentos de forma urgente y cuando llega a haber un déficit en el almacén de la dependencia.
Sin embargo, ayer mismo se logró establecer que el Hospital Universitario, institución a la que subrogan algunos casos de pacientes, se negó a dar más crédito a la administración municipal por la falta de pago de los adeudos pendientes.
Sin embargo, el propio director médico, Antonio Elizondo, fue directo al señalar que los casos urgentes que llegan a presentarse son canalizados a algunas clínicas médicas particulares con las cuales tienen convenios y no se escatiman los recursos para atender a esos trabajadores o sus familias, que en conjunto son más de 12 mil personas a las que se les debe brindar la atención médica como lo establecen las normas de trabajo. Incluso refirió que en los casos extremos, los pacientes que requieren una mayor atención son canalizados a los centros médicos privados a través de la propia ambulancia con la que cuenta la dependencia.