Por casi 30 años, un grupo de colonos del fraccionamiento Jardines de Santa Clara en Guadalupe han vivido un verdadero calvario, que los ha llevado a la incertidumbre jurídica de su patrimonio, desalojos de sus viviendas, temor a represalias, juicios simulados y agravios de malos funcionarios públicos.
Para un grupo de más de 100 familias, el calvario comenzó allá por el año de 1982, al adquirir un lote de terreno en el citado fraccionamiento, propiedad de una empresa ya desaparecida llamada Promisión, parte de cuyos activos quedaron en manos de 11 supuestos trabajadores quienes habrían demandado en un juicio laboral, que se afirma, fue simulado por la fraccionadora como una forma de eludir compromisos económicos por unos 100 mil dólares con el Banco Popular.
Los supuestos trabajadores, el banco y unos pocos vecinos llegaron a acuerdos satisfactorios, pero 112 familias no pudieron conseguirlo y luego de una irregular forma de adjudicarse las propiedades comenzaron las ilegalidades, incluido la venta de terrenos, la escrituración de lotes mediante pagos adicionales, todo en contubernio con diversas autoridades, incluidos funcionarios del Registro Público de la Propiedad y la notaria pública Alida Bonifaz.
Hasta el momento, por lo menos unos 60 vecinos del mismo fraccionamiento, localizado a un costado del Gimnasio Cedereg de Ciudad Guadalupe, corren el riesgo de ser desalojados y están sujetos a juicios civiles aparentemente amañados.