Un grupo de más de 100 familias del fraccionamiento Jardines de Santa Clara en Guadalupe han sufrido incertidumbre jurídica de su patrimonio, desalojos de sus viviendas, juicios simulados y agravios de malos funcionarios públicos, incluidos entre ellos la notaria pública Alida Bonifaz.
LA DENUNCIA PÚBLICA
Francisco Javier Pineda Alcocer, uno de los vecinos perjudicados y actualmente sujeto a un juicio de desalojo, narró en forma pormenorizada la manera ilegal en que se ha actuado por casi 30 años, en contra de colonos quienes lo único que hicieron fue comprar de buena fe un lote de terreno para fincar su casa y convertirla en su patrimonio familiar.
Explicó que a la quiebra de la fraccionadora, y cuando había sólo 5 trabajadores, se simuló un juicio laboral al cual se agregaron los nombres de otros supuestos empleados, para tratar de eludir un préstamo al Banco Popular y otras instituciones, pero al adjudicarse bienes a los empleados, éstos decidieron romper su trato inicial con la fraccionadora y quedar como dueños de los predios, aunque existía el compromiso de respetar los derechos de quienes habían comprado de buena fe y de manera legal.
LOS EXTRABAJADORES
Los extrabajadores de la fraccionadora fueron identificados como María Rosa Herrera García, Norma Leticia Díaz Paz, Guadalupe Martín Cardona Guevara, Héctor Manuel Ramos Galván, Eduardo Tamez Contreras, Juan Mucio Pulido Méndez, Ignacio Pérez Cervantes, Héctor Manuel Villarreal Treviño, Nicolás Carrizales Tristán, Romeo López Ochoa y Emilio Morales Guerra.
Algunos de ellos, como el caso de María Rosa Herrera García, según Francisco Javier Pineda, han llegado a vender hasta en dos o más ocasiones los terrenos que en complicidad con jueces y notarios, escrituraron sin tener derecho y perjudicando a sus legítimos dueños y poseedores.
DESALOJADOS
Entre otros casos de personas desalojadas o sujetas a juicio para el mismo fin, se encuentran Alejandro Adame López, quien apenas el pasado 14 de marzo, fue sacado con la fuerza pública de su domicilio, y sucedió lo mismo con Nivela Cano Martínez, cuyo domicilio fue ""vendido"" en dos ocasiones por María Rosa Herrera, la cual también ha pretendido el desalojo de Francisco Javier Pineda, el cual ahora ha tramitado un amparo, luego de haber perdido la primera instancia al ser rechazadas pruebas concretas por la juez tercero de lo civil, Hortencia Ruiz Guerrero.
Hasta el momento, por lo menos unos 60 vecinos del mismo Fraccionamiento Jardines de Santa Clara, localizado a un costado del Gimnasio Cedereg de Ciudad Guadalupe, corren el riesgo de ser desalojados y están sujetos a juicios civiles aparentemente amañados.
ADJUDICACIÓN DE TERRENOS
Fue en el año de 2005, cuando los extrabajadores de la fraccionadora Promisión, representada por Leonel Castillo Rojas, se adjudicaron un total de 112 lotes de terreno en la referida colonia ante la fe del Notario Público Número 37, Gustavo Nelson Cerrillo Rodríguez.
La inscripción correspondiente en el Registro Público de la Propiedad quedó asentada bajo el número 3045 volumen 132 libro 125, con fecha del 9 de agosto de 2005.
NOTARIA INVOLUCRADA
En los últimos años, Alida Enriqueta del Carmen Bonifaz Sánchez, quien fuera procuradora de Justicia en el Estado, durante una parte de la administración de Fernando Canales Clariond y quien hoy funge como Notaria Pública número 24, ha escriturado en forma irregular por lo menos 18 terrenos de los que hoy están en disputa legal.
Alida Bonifaz ha escriturado las propiedades referidas, con datos fundamentales erróneos, aparentemente con el fin de beneficiar a sus clientes, en un acto que además de irregular, en el ámbito de las notarías, es calificado como ""infantil"" y elemental.
La notaria Bonifaz, ha escriturado terrenos que se encuentran registrados mediante escritura pública número 16,626 de fecha 8 de agosto de 1994 ante la fe del Notario número 50, José Serna Salinas.
Sin embargo, al otorgar la escritura pública, la exProcuradora de Justicia modifica el número de la escritura pasada ante la fe del notario José Serna Salinas y la convierte en 16,926, cuando debía ser el número ""16,626"". Esta irregularidad ni siquiera ha sido considerada por las autoridades del registro público o del Colegio de Notarios.
Luchan por su patrimonio 100 familias de Guadalupe
