A pesar de que el Congreso local aprobó desde hace casi dos años la implementación del Código Ámbar, la Procuraduría de Justicia del Estado no lo ha arrancado, dejando así un área de oportunidad para localizar con mayor rapidez a los menores que desaparezcan en la entidad.
Por lo que, eso refleja que el tema ha sido politizado, así lo denunció el diputado panista Omar Pérez Ortega, quien impulsó la reforma para implementar el programa en Nuevo León.
Y es que desde el 11 de mayo del 2010, el Poder Legislativo reformó los artículos 23 Y 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en los que se establece la obligación de las autoridades, en este caso de dicha dependencia, de crear un manual para la inmediatez en la localización de menores desaparecidos en la entidad.
Además, en octubre de ese mismo año, el Congreso nuevamente exhortó a la Procuraduría a la creación de una línea telefónica exclusiva para reportar menores desaparecidos, ante la tardanza de las autoridades por no echar a andar ese programa.