El Gobierno del Estado viola en forma flagrante la Ley y los más elementales derechos humanos de personas a quienes privan de su libertad al considerarlas presuntos responsables de algún delito, pero sin ponerlas a disposición de una autoridad, en ocasiones hasta mucho después de lo establecido por la propia Constitución.
Alfonso Verde Cuenda, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad en el Estado, fue tajante al señalar que es inconcebible cómo las propias autoridades admiten haber detenido a algún presunto responsable de un ilícito y haberlo mantenido privado de su libertad hasta por semanas enteras.
""Estrictamente, lo que hace el Estado es violatorio a la Ley, pues aunque tenemos serios problemas de inseguridad, no nos encontramos en un estado de excepción en donde se reduzcan los derechos fundamentales de algún ciudadano, incluyendo aquellos sobre quienes pudiera existir la sospecha de la comisión de un delito"", señaló el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad en el Estado, Alfonso Verde Cuenca.
El funcionario ciudadano señaló que la institución que encabeza en forma constante y cotidiana ha venido exigiendo el estricto cumplimiento de la Ley, del Estado de Derecho y para ello levantan la voz de todas formas, incluidos los señalamientos a través de los medios de comunicación y con señalamientos específicos a las autoridades competentes.
Lamentó, como se ha hecho costumbre, que el Estado presente ante los medios de comunicación a personas en calidad de detenidas y se admite incluso que fueron aprehendidas ocho, diez o más días antes y en ese lapso no hayan sido consignadas a ninguna autoridad como lo establece la Ley.
La mayoría de las ocasiones esas personas se les mantiene incomunicados, incluso para sus familias, sin que la autoridad entienda que para esos momentos esa gente no es culpable de nada y a lo que más que se le podría considerar es presunto responsable de la comisión de algún delito, pero eso toca a un juez decidirlo luego de ser sujeto a un proceso penal donde se le acredite la responsabilidad.
Demandó el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad que para evitar ese tipo de irregularidades, instituciones tanto del sector público como privado deben actuar conforme a sus responsabilidades y en la forma que la ley establece.
Reclamó que es obligación de la autoridad hacer todo aquello que sea necesario para darle a la población la certeza jurídica en cada uno de sus actos y eso sólo se puede conseguir con la actuación correcta de cada persona, de cada institución, de cada sector de la comunidad.
Afirmó que lamentablemente la criminalidad no se está combatiendo como la población espera y cuestionó incluso la forma que actúan las policías, todas ellas hasta encapuchadas, lo cual ni siquiera es un buen mensaje para la población, para los ciudadanos que necesitan contar con la seguridad que merecen.
Estado viola derechos de detenidos: Verde Cuenca
