Monterrey.- En teoría, hablar de la Ley de Participación Ciudadana significa dar a la gente instrumentos legales para realmente incidir en la toma de decisiones de sus gobernantes, sobre todo en los temas vitales para la dinámica social.
Hablamos de mecanismos como el referéndum, el plebiscito y la consulta ciudadana, por los cuales los ciudadanos podrían aprobar o rechazar, por ejemplo, si el Estado contrae aún más deuda pública, si los municipios autorizan más colonias blindadas o si los diputados locales se aumentan el sueldo por enésima vez.
Pero en el Nuevo León de hoy, este nivel de democracia participativa es, a juicio de los expertos, un sueño muy lejano, que seguirá siendo retrasado por la clase política y el que, si finalmente se alcanza, será en una versión muy tibia, que excluya a la gente de las decisiones realmente importantes, como el poder remover a un mal gobernante.
Los especialistas advierten un panorama preocupante.
Por un lado, la partidocracia que gobierna no tiene la menor voluntad de permitir que la gente rompa el monopolio de las decisiones, pues tras casi 10 años de la primera iniciativa de ley sobre el tema, hoy Nuevo León es uno de los únicos cuatro estados que no cuentan con una Ley de Participación Ciudadana.
También se señala que aunque el Congreso finalmente aprobó el discutir esta ley, la mecánica legislativa obliga a ir puliéndola en varios periodos ordinarios, a ser votada por mayoría calificada ya que el gobernador la avale.
Y por último, la interrogante más grave: ¿La sociedad de Nuevo León, calificada por estudips como la de menor participación social en Latinoamérica, presionará para obtener esta ley y, si lo logra, la utilizará para decidir sobre su presente y su futuro?
Los expertos creen que no. Pero que vale la pena intentarlo.
'Democracia mal entendida'
En los hechos y en términos generales, los mexicanos de hoy entendemos la democracia como el acudir cada tres o seis años a las urnas a elegir a alcaldes, gobernadores, Presidente de la República, diputados locales, federales o senadores.
Por ahora los ciudadanos se conforman con poder votar y que se respete su voto, para sentirse parte efectiva en las decisiones que guían al país.
""Aún no entendemos que hay democracia representativa, que es elegir a nuestros gobernantes, y democracia participativa, que es tener como derecho constitucional los mecanismos para decidir lo que hacen (los gobernantes)"", explicó Abraham Nuncio, director del Centro de Estudios Parlamentarios de la UANL.
""Votamos y nos encerramos en casa, permitiendo que los gobernantes se apropien del monopolio de la decisión, sin entender, y eso es grave, que democracia representativa sin democracia participativa, es una democracia mal entendida"".
Esta democracia participativa como derecho constitucional, se refiere a ña promulgación de leyes de participación ciudadana, que ya existen a nivel nacional.
Esto, por medio de instrumentos como el presupuesto participativo, contralorías ciudadanas, plebiscito, referéndum y revocación de mandato, entre otros, que permiten a la comunidad cogobernar con los servidores públicos y decidir, desde en qué, cuándo y cómo se gastan los recursos, hasta si ha llegado el momento de mandar a un político a su casa, antes incluso de que termine el periodo para el que fue electo.
""Todo esto suena muy bonito, nomás que en Nuevo León tenemos el pequeño problema de que somos uno de los únicos cuatro estados en todo México, que aún no tiene Ley de Participación Ciudadana"", indicó Liliana Flores Benavides, exdiputada local, activista ciudadana y autora de dos iniciativas de Ley sobre Revocación de Mandato.
""Y lo peor es que ahora que finalmente el Congreso del Estado abrió la discusión para tener esta ley, al final seguramente se va aprobar una versión muy, muy rasurada"".