Monterrey.- El líder de los regidores del PRI en Monterrey, Eugenio Montiel, conminó a la alcaldesa Margarita Arellanes Cervantes a aclarar las dudas sobre su patrimonio antes del jueves, o procederán jurídicamente contra ella.
""No estamos prejuzgando, no somos la instancia, para eso está el Ministerio Público"", recalcó.
""Pero si ella no toma la oportunidad de demostrar que su patrimonio es honorable y legal, tenemos que proceder en interés de los regiomontanos y que se esclarezca hasta las últimas consecuencias"".
Montiel descalificó además las recientes declaraciones del líder
estatal del PAN, José Alfredo Pérez Bernal, quien al defender a Arellanes, acusó a los medios de comunicación de invasión de privacidad.
""No he escuchado declaración más absurda, ni desafortunada"", expresó el regidor del PRI.
""Es claro que la alcaldesa tiene derecho a una vida privada, pero no cuándo, cómo en este caso, se está cuestionando la posible utilización de recursos para su beneficio personal"".
Recientemente se reveló que Arellanes Cervantes está construyendo una residencia valuada en 20 millones de pesos en un exclusivo sector de San Pedro, cuando sus ingresos como presidenta municipal rondan los 100 mil pesos mensuales y en su anterior cargo, como delegada de la Sedesol, ganaba 87 mil pesos.
Las dudas sobre el caso se agravan pues su esposo Roberto Garza está integrado al 100 por ciento al DIF municipal y, por tanto, no tiene ingresos propios.
""Es sencillo: la alcaldesa puede y debe demostrar que no hay nada irregular, si hace pública su declaración patrimonial del 2013"", dijo Montiel.
""Comparando esta declaración, con la que ya conocemos del 2012, se verá si no hay nada irregular o, por el contrario, hay algo que ocultar"".
El funcionario municipal priista precisó que, en la sesión de Cabildo del jueves, reiterarán su exigencia para que Arellanes aclare la situación.
""Si no, el camino sería jurídico y ya habría que ver como se tipifica esta conducta"", añadió.
""Pero todo podría indicarnos un posible caso de enriquecimiento ilícito, así se aprecia en dos instancias legales, la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y el Código Penal"".