Nuevo León está reprobado, junto a otros 13 estados, en la eficiencia de sus leyes de fiscalización, revela el estudio ""Auditorías Superiores Locales en México: Evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia"".
El análisis realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad y el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, precisa que tienen ""fuertes deficiencias"" porque no garantiza consecuencias por los resultados de las auditorías.
La legislación actual tampoco obliga a la Auditoría Superior del Estado a hacer públicos los informes de sus procesos, provocando falta de transparencia en la fiscalización.
Además, Nuevo León es el único estado cuyas leyes no consideran el informe final de resultados de la Auditoría Superior local, como información pública de oficio, ni permiten iniciar procedimientos contra servidores públicos.
La ""Evaluación del ordenamiento legal para la fiscalización superior local"" realizada al Estado, indica que la Auditoría Superior local carece de una política proactiva de transparencia y sólo publica lo que está obligada por ley. Por eso no está disponible el informe final de resultados o el de labores.
""Los actos de desvíos de recursos denunciados en los últimos meses en distintos estados del país son resultado de la baja calidad de fiscalización"", señaló Jana Palacios Prieto, directora de Proyectos de Competencia del Imco.
Dichas fallas, subrayó Palacios Prieto, dan lugar a que se cometan actos de corrupción.
El análisis destaca que 14 de las 32 entidades federativas obtuvieron una calificación reprobatoria en materia de transparencia de la fiscalización, entre ellas Jalisco, el Distrito Federal, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guanajuato,
Mientras que Campeche, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas son entidades que tampoco hacen públicos los informes de la fiscalización de recursos.