El gobernador Rodrigo Medina de la Cruz vetó las reformas a la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable y la Ley de Metrorrey, con las que el Congreso local eliminaba las facultades del Ejecutivo para ser quien fijara las tarifas del transporte público.
El Mandatario envió al Congreso el documento con las observaciones a la reforma aprobada el 22 de mayo, en el que señaló que no es competencia del Poder Legislativo definir las tarifas al no tener expertos en la materia.
El Consejo Estatal del Transporte es el que se encarga de hacer estudios para determinar si es necesario incrementar la tarifa, y es facultad del Gobierno estatal decidir si se aplican los cambios o no.
La Agencia para la Racionalización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, señala el documento, es un organismo público descentralizado de participación ciudadana con autonomía, y entre sus acciones está autorizar las tarifas aplicables al transporte público.
""En ese sentido que el Ejecutivo del estado a través de la Agencia para la Racionalización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, con el fin de estructurar y prestar un mejor servicio de transporte público, tiene entre sus atribuciones autorizar las tarifas que se cobran por dicho servicio"", argumenta el veto.
Además señala que las tarifas se establecen con base a propuestas planteadas por el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, con la aplicación de fórmulas para determinar el costo beneficio, las cuales son diseñadas por personal de la propia Agencia apoyados en estudios económicos y sociales.
""Personal y estudios con los que no cuenta el Congreso del Estado por no ser propio de su función legislativa. Al Congreso del Estado solamente le corresponde ejercer las facultades propias de un cuerpo legislativo"", dicta el documento de acuerdo a lo que establece el artículo 63 constitucional.
Referente a la modificación de las tarifas del Servicio de Transporte Colectivo Metrorrey, señala el Gobernador en el escrito, la planeación financiera le corresponde al Consejo de Administración del organismo, no al Congreso.