Monterrey.- José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna, informó que promoverán juicio político contra la ex Presidenta del Tribunal Superior de Justicia Graciela Buchanan.
Dijo que durante su periodo se permitió el desalojo de cerca mil 500 viviendas mediante procedimientos judiciales que violaron los derechos humanos.
Se calcula que en los últimos dos años en los que Graciela Buchanan fue titular del TSJNL hubo más de mil 500 desalojos injustificados, y ya se solicitó en Transparencia del Tribunal información de los desalojos que ocurrieron del 2001 al 2012, para solicitar la reparación del daño.
Señaló complicidad entre la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia Graciela Guadalupe Buchanan y otros dos magistrados del Distrito Federal por litigar juicios hipotecarios la capital del país, que eran competencia de Nuevo León.
Por ello, dijo, ampliarán un juicio político contra Buchanan y contra el nuevo presidente del Tribunal Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, en caso de que no resuelva en sesión del pleno sobre lo que señalan es una ""omisión legislativa"", al no crear la figura del Juicio Especial Hipotecario y exhorten al Congreso local para que se legisle en su creación.
""Cuando vemos como Graciela y los Tribunales quieren rematar un inmueble por un juicio Ordinario Mercantil que no es la vía, vamos a ampliar la denuncia contra ella porque ya nos dieron el amparo.
""Tiene un término de 15 días la Cámara de Diputados para instalar la sesión instructora para iniciar el procedimiento de investigación de los dos magistrados por que se está violando el derecho a la vivienda"", aseguró el abogado.
Agregó que solicitarán ante la Comisión de Gobernación y de Justicia la inhabilitación de la candidatura de Graciela Buchanan al Consejo de la Judicatura Federal.
Detalló que buscarán que cada orden de desalojo que sea enviada al Distrito Federal sea devuelta a Nuevo León para las reciba el Tribunal Superior de Justicia y que un juez de la orden de desalojo que aseguró sería ilegal y el responsable directo sería el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Adolfo Guerrero.