Monterrey.- Diputados locales del PRI, PAN y PRD piden que las sanciones a quienes violen la ley electoral se apliquen de manera generalizada y no paren con la multa aplicada a la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, al considerar que debe haber otros actores políticos ""en capilla"".
""La multa de 142 mil pesos es poco, para Margarita, pero es un precedente por parte del órgano electoral, que ojalá así siga, que meta en el banquillo de los acusados a toda una lista que tiene y aplique la misma vara para todos los demás"", señaló el diputado Eduardo Arguijo.
El diputado priísta, Francisco Cienfuegos dijo que con la aplicación de esta multa, se pone en evidencia la calidad moral de la alcaldesa, porque está buscando beneficios personales, más que buscar un beneficio para las personas que votaron por ella.
Dijo que de confirmarse el desvío de recursos para promocionar su imagen, debería ser más estricta la comisión electoral en el proceso sancionador.
El diputado panista, Juan Carlos Ruiz señaló que la decisión de aplicar la multa esté apegado a derecho, y así como en este caso resolvió la Comisión Estatal Electoral, lo haga con los demás partidos.
Por fin leyes penales aprobadas
Con la abstención de diputados locales del PAN y del PRD, el Congreso Estatal aprobó las leyes de protección de personas y de administración de bienes asegurados y confiscados a la delincuencia.
Previo a ello, en la Comisión de Justicia y Seguridad se aprobaron ambas leyes con cambios de forma, más que de fondo y que servirán para hacer la declaratoria del Código Nacional de Procedimientos Penales, que sustituirá al Código Procesal Penal.
El diputado presidente de la Comisión, Francisco Cienfuegos dio lectura a las modificaciones a la ley sobre los bienes objeto de delito y a la ley de protección de personas.
En estas se detallan figuras como el testigo protegido, que anteriormente se establecía de una forma muy genérica.
Desde los trabajos en la Comisión de Justicia, como en el pleno del Congreso, los diputados panistas y del PRD manifestaron su inconformidad por la aprobación a estas dos leyes, tomando en cuenta las modificaciones hechas.
En la votación del pleno los panistas y los legisladores del PRD se abstuvieron. Con ambas leyes, Nuevo León cuenta con el cien por ciento de las modificaciones legales para la aplicación al cien por ciento del nuevo sistema penal.