Monterrey.- Pleitos entre diputados locales del PAN y PRI, que podría llevar a una denuncia formal, por la violación al reglamento interno del Poder legislativo, así como una serie de protestas, caracterizó la sesión de este lunes en el Congreso del Estado.
Las diferencias entre legisladores priistas y panistas no para, y en esta ocasión la pugna fue por la aprobación de un punto de acuerdo presentado por el panista, Enrique Barrios, para que el Congreso de Nuevo León rechace la implementación del mando único, planteado por el presidente Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, con la ausencia de los diputados priistas y de las fracciones del Panal, PT no se consiguieron los 22 votos, solo 21 ya que tampoco se encontraba el diputado panista Julio César Álvarez.
Ambos grupos legislativos mantuvieron su versión; el PAN que sí contaba con los 22 votos y el PRI que solo se tenían 20 en el Pleno.
Los diputados priistas y del Partido Nueva Alianza aseguraron que el acuerdo aprobado es inválido, por lo que no será publicado al calificarlo de ilegal.
Al momento de la votación se no se encontraba la presidenta en turno del Congreso, la diputada de Nueva Alianza, María Dolores Leal, ocupando el lugar el panista Francisco Treviño, y como secretaria en funciones la también panista Imelda Alejandro.
Protestan organización civil y ex braceros
Integrantes del Congreso Nacional Ciudadano protestaron en el Congreso Local, donde reclamaron el actuar de los legisladores por la mala calidad de su trabajo.
Encabezados por Gilberto Lozano, presidente del organismo, los manifestantes sacaron pancartas donde se leía leyendas de la demanda que interpusieron contra 22 diputados, contra quienes exigen juicio político.
La denuncia penal contra 22 diputados es por falsear datos en el dictamen de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2012, del Gobierno del Estado.
También un grupo de ex braceros protestaron con pancartas en galerías exigiendo que se les pague el dinero que se había comprometido el Estado, y que asciende a 5 mil 500 por persona.
Solicitan que el Gobierno estatal distribuya 55 millones de pesos, que aseguran se enviaron para entregar el dinero a los ex braceros.