Monterrey.- Para qué se contemple como violencia familiar tipo económico, la acción de privar a un menor de edad del producto de su trabajo, y a su vez, éste no reciba educación básica, la fracción legislativa del PAN en el Congreso del Estado propuso reformas a la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
El diputado, Luis Angel Benavides, explicó que en los casos en que la Ley Federal del Trabajo permite al menor emplearse en alguna actividad productiva, en donde haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo, es necesario proteger a los menores del maltrato o violencia que pudieran sufrir de parte de los padres que no los educan.
Por ello, dijo que se propuso de seis meses a tres años de prisión a aquella persona que se abstenga de enviar a un menor de edad que tenga bajo su tutela, patria protestad, guardia o custodia, a recibir educación obligatoria.