Monterrey.- Las controversias constitucionales entre los Gobiernos municipales y el Estado, o bien entre el Congreso del Estado y las administraciones públicas, serán ahora resultas por el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado.
Lo anterior será posible gracias a la reforma al artículo 95 de la Ley Reglamentaria de la Constitución Local, aprobada por los legisladores.
El coordinador de la bancada legislativa del PRI, Edgar Romo, explicó que con esto ya no se recurrirá a la Suprema Corte de Justicia, ya que en caso de que alguna ley o reglamento en el Estado genere diferencias de opinión, o bien se considere que invade niveles de gobierno, se podrá recurrir a una controversia local y serán los magistrados del Tribunal Superior de Justicia quienes dicten quién tiene la razón.
Indicó que con esta aprobación las querellas serán resueltas en un tiempo menor por un colegiado mucho más conocedor de los temas locales y sus contextos, ya que por lo regular los magistrados de la Suprema Corté no están al tanto del marco de referencia de los casos.
""¿Qué significa esto? Son los medios judiciales que se tienen para poder controvertir las decisiones que nazcan del Congreso, o que bien se den entre dos poderes. Son herramientas de equilibrio entre los poderes públicos.
""Debe acelerar el tiempo de resolución, debe ser más expedito, y sobretodo, hace que los jueces que viven en la ciudad estén más pegados con el tema controvertido"", señalo el priista.
El diputado local independiente, Luis David Ortiz Salinas, dijo que la situación entre el Gobierno del Estado y el Congreso local sobre la definición de las tarifas del transporte público, podría pasar a ser este tipo de controversia.
""En aquellos artículos en los que también están de manera idéntica en lo federal, pues se puede recurrir al fuero federal para pedir la controversia o la acción de inconstitucionalidad, ya hay muchos estados que ya tiene este mecanismo"", comentó.
Mientras el priista rechazó que existan riesgos de que el Tribunal Superior de Justicia resuelva todos los casos a favor de los gobiernos, o bien, del gobierno del Estado, a pesar de que la administración municipal es quien autoriza los recursos para este ente.
""Este tipo de situaciones se falla en un órgano colegiado no por un solo magistrado, sino por tres o más magistrados. Son controles donde se van a discernir si alguna ley tiene carácter constitucional o adolece de algún vicio o si un poder público está extralimitado en sus funciones"".
Ambos legisladores coincidieron que este esta nueva atribución para los Magistrados no representará la necesidad de recursos extras para los tribunales.