Brasil.- Una jueza del Estado de São Paulo ordenó a las operadoras de telefonía que bloqueasen el sistema por 48 horas, en una especie de represalia a la compañía por no colaborar con una investigación criminal al negarse a entregar datos sobre las conversaciones de un supuesto narcotraficante.
El drama se prolongó 13 horas hasta que otro juez anuló la decisión por no considerar “razonable” que millones de brasileños pagasen la falta de colaboración de la empresa, comprada por Facebook el año pasado por cerca de 22 billones de dólares. El apagón del servicio destronó de las conversaciones de bar cualquiera de los capítulos de la intrincada crisis política que atraviesa Brasil.
La falta de WhatsApp alteró la rutina de policías, taxistas, agentes inmobiliarios, esteticistas y, en definitiva, cualquier brasileño con un teléfono inteligente en la mano. La caída del gigante de mensajería también preocupó a los especialistas que ven en la decisión judicial un precedente peligroso.
“Que la gente encuentre otras aplicaciones alternativas no resuelve el problema. La cuestión aquí es la vulnerabilidad del Internet brasileño.
La medida fue desproporcionada y completamente ilegal. Va contra el Marco Civil de Internet, la legislación que regula el respeto a los derechos civiles en la red, y contra la Convención Americana de Derechos Humanos, que contempla la censura, la libertad de expresión y la difusión de información a través también de aparatos electrónicos”, explica el reconocido especialista en Derecho digital Ronaldo Lemos.
