Monterrey.- Durante su precampaña, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez ahora candidato del PAN a la gubernatura del Estado, hizo uso de dos promocionales titulados ""Felipe de Jesús quiere servir a la gente"" y ""Felipe de Jesús ofrece un buen gobierno"". Ni tardos ni perezosos el PRI y Verde Ecologista, denunciaron ante la autoridad electoral los hechos, por supuestos actos anticipados de campaña.
Luego de un proceso, Cantú Rodríguez salió liberado por el TEE, al resolver que ambos promocionales no violan las reglas de la propaganda de precampañas establecidos en la legislación local.
Lo mismo ocurrió para Margarita Arellanes Cervantes, por la supuesta promoción personalizada a través de la publicidad del Programa ""MA´s"", en este caso la autoridad declaró la inexistencia de la violación imputada, al considerar que no hay datos objetivos que permitan concluir inequívocamente a la denuncia de Eduardo Bailey Elizondo, presidente del PRI en Nuevo León y de Aldo Fasci Zuazua.
Por el documental ""Un Bronco sin miedo"", Jaime Rodríguez, ahora candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León, también resultó libre de culpa ante el TEE, que resolvió que no se pidió el voto ni se planteó una plataforma política a través de dicha promoción pagada con recursos privados, declarando inexistente la violación. Esta denuncia fue presentada por José Enrique Mata Sánchez, director jurídico de la CEE.
Lo anterior se resolvió dentro de la sesión extraordinaria del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León el domingo, por el pleno integrado por los Magistrados, Manuel Gerardo Ayala Garza, Julián Enríquez Fuentes y Carlos César Leal Islas García.
Otros desahogos
• Se ordena a la CEE modificar boletas electorales a utilizarse en las elecciones locales 2015, ya que el emblema del Partido Cruzada Ciudadana figura en el sitio 8, cuando debería aparecer en el lugar 9.
• El TEE resuelve inconformidad de los partidos políticos Morena, Movimiento Ciudadano, Humanista y Encuentro Social, que reclamaban a la CE, les restringían su derecho de fijar cuotas a los militantes y el principio de financiamiento público sobre el privado. Se declara que el acuerdo impugnado no vulnera el derecho de autodeterminación de los partidos para fijar libremente las cuotas a sus militantes.