Despilfarro en el Poder Judicial

Desde el interior surgen voces que denuncian despilfarro en puestos y gastos innecesarios y hasta ilegales, mientras crece el deterioro en sus instalaciones.

Monterrey.- El Poder Judicial es un patrón generoso que lo mismo crea puestos o viola la Constitución para beneficiar a sus favoritos y no se fija en gastos.

Por ejemplo, a Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, un abogado relacionado con el PRI y tan afortunado que cuando terminó su periodo como consejero de la Judicatura del Estado, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia le inventó un puesto: director de Investigación Histórica.

Otro favorito es José Pablo Vidal Araya, un ingeniero chileno que es director de Gestión Judicial y fue contratado por el mismo presidente del Tribunal, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, para implementar el sistema penal acusatorio.

Esto contraviene el artículo 32 de la Constitución, el cual establece que “los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias para toda clase de concesiones y en todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno”.

Vidal Araya y Guerrero Gutiérrez se conocieron cuando el segundo viajó a Santiago de Chile para conocer la forma como se implementó el sistema de justicia oral. Hicieron “click” y el presidente del Tribunal invitó al extranjero a trabajar en Nuevo León.

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Entre otras cosas, la oferta incluyó un sueldo de 95 mil pesos mensuales, auto, gasolina, bonos y otras prestaciones. Además, el auxilio de un visitador del Consejo de la Judicatura, de nombre Roberto Treviño, quien se encarga de realizar las visitas que “el chileno”, como se le conoce en el ambiente judicial, debería hacer.

Vidal Araya no rinde pruebas documentadas de su trabajo a nadie, aseguran voces al interior del Poder Judicial.

Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, como director de Investigación Histórica, goza un sueldo mensual de 60 mil pesos, además de prestaciones como chef y mesero particulares para desayunar y comer todos los días con los demás magistrados.

En el edificio del Poder Judicial su nombre es muy conocido, pues el año pasado, cuando dejó su cargo como consejero, se le hizo un homenaje de despedida que encabezó el presidente del Tribunal, Guerrero Gutiérrez.

Sin embargo, la dirección que ostenta nadie la conoce y tampoco existe físicamente.

Ni siquiera en el sitio web del Poder Judicial. Cuando se pregunta por la Dirección de Investigación Histórica, los encargados remiten al ciudadano a la Coordinación de Investigación y Desarrollo Institucional, la dependencia más cercana a ese concepto.[attach_entity|type=inline_element|id=10099]

“Aquí (en el Poder Judicial) nunca tuvimos historiador”, asegura un empleado con 15 años de antigüedad, quien lamenta que se realice ese tipo de gastos cuando hay otras necesidades, como mejorar las condiciones físicas de la sede del Tribunal, pues hay baños bajo candado por su mal estado y escaleras y techos que lucen deteriorados.

Como no existe la oficina de Investigación Histórica, Francisco Javier no acude a la sede del Poder Judicial, aunque aseguran que cuando era consejero tampoco iba a las sesiones que se realizan en el edificio del Tribunal, ubicado en la calle Juan Ignacio Ramón, en el centro de Monterrey.

El abogado llegó al Consejo de la Judicatura gracias a su hijo, Mario Emilio Gutiérrez Caballero, quien fue diputado del PRI en la LXXII Legislatura.

Mario Emilio, cuando Natividad González Parás era Gobernador, trabajó con quien sería su principal impulsor, Rodrigo Medina.

El actual Mandatario estatal le ofreció el cargo de consejero a Mario Emilio y éste pidió que fuera su padre, Francisco Javier, quien ocupara el privilegiado puesto.

El antecedente de Francisco Javier fue haber sido el encargado de entregar las constancias de los candidatos del PRI a diferentes puestos de elección popular, como a Ivonne Álvarez, junto con Carlos Alejandro Flores Rivera, quien fue su secretario cuando fue consejero, y quien también cobra el mismo sueldo, actualmente en el Poder Judicial.

La práctica no es nueva. Una abogada poco conocida en 2002 fue presidenta del Tribunal Estatal Electoral y le correspondió resolver las impugnaciones de partidos opositores contra Natividad González Parás, a quien le entregó su constancia como gobernador.

En agradecimiento, el mandatario estatal hizo magistrada a la abogada, de nombre Graciela Buchanan, quien más tarde se convertiría en presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

Dato ABC

El Consejo de la Judicatura está conformado por tres representantes: uno designado por el gobernador, otro por el Poder Judicial y el otro por el Congreso. Se encarga de vigilar y sancionar a los que forman parte del Poder Judicial.