McAllen, Tx.- A pesar del que el actual gobierno texano ha manifestado su oposición en el tema de considerar la despenalización de la marihuana, algunos legisladores ya comenzaron a presentar propuestas de ley para que sean consideradas durante las sesiones del congreso estatal que comienzan en enero del 2017.
Así el senador José Rodríguez firmó una resolución conjunta donde se pide sea considerada la propuesta 17 que permitiría a los votantes texanos decidir sobre si despenalizar o no el enervante.
Varios estados de la Unión Americana aprobaron una serie de resolutivos para legalizar la marihuana el pasado 8 de noviembre, el proyecto de ley en Texas busca seguir el mismo camino si el electorado lo aprueba en futuros comicios.
Rodríguez también es coautor de la propuesta 18 que busca que el enervante pueda ser utilizado en el estado para uso medicinal, si así lo deciden autoridades médicas en casos de enfermos que sufren de intenso dolor debido a las enfermedades que padecen.
Mientras que la propuesta 170 busca cambiar la sanción penal para una persona que sea encontrada en posesión de una onza de marihuana o menos para que sea juzgada como una ofensa civil.
El tema ya ha causado controversia entre los legisladores sobre todo los conservadores que consideran que este tipo de propuestas no pasaran el pleno como otras que ya lo han intentado en el pasado, para que las leyes texanas sean más flexibles en las ofensas penales que se imponen a quienes utilizan o consumen la droga.
Otra proyecto, la resolución 58, presentado por el diputado James White, considera necesario la creación de una corte especial que juzgue ciertos casos de personas que han incurrido en el delito por primera vez para que se les aplique un programa de medidas correctivas en vez de ir a parar a la cárcel.
Finalmente también la propuesta 81 presentada por el senador laredense Joseph Moody busca que los texanos no sean arrestados o enviados a la cárcel por estar en posesión de una onza de marihuana o menor cantidad, que esto sea sustituido por una sanción administrativa de 250 dólares.