Estados Unidos.- La ciudad de Alameda se convirtió en la segunda de California en aprobar un exhorto al congreso de Estados Unidos para que inicie una acción de destitución del presidente Donald Trump.
“Porque representa una amenaza para la Constitución, para el país y la paz del mundo”, fue lo que se estableció en la resolución donde se pidió evaluar una posible acción en contra del mandatario estadounidense, sobre sus negocios y otras acciones polémicas.
El concejal Jim Oddie, junto con la vicealcaldesa Malia Vella, colocaron la resolución en la agenda del martes del concilio municipal, diciendo que el supuesto conflicto de intereses del presidente con sus negocios podría ponerlo en violación de la Constitución de Estados Unidos.
Vella tomó nota de los informes de la injerencia del gobierno ruso en las elecciones de noviembre en nombre de Trump, que dijo que hizo una investigación sobre una posible acusación tanto local como nacional.
"Las acusaciones son graves y socavan no sólo nuestro sistema, sino todas nuestras instituciones", dijo Vella.
La resolución adoptada por unanimidad el martes será enviada a la representante de Estados Unidos, Barbara Lee, para que pueda reunir apoyo detrás de una investigación, según el consejo, mismas que serán enviadas a los senadores de Estados Unidos por California Kamala Harris y Dianne Feinstein.
El movimiento del consejo de Alameda ocurrió el mismo día en que la pequeña ciudad de Charlotte en Vermont aprobó una resolución pidiendo al Congreso que examinara si existen suficientes motivos para perseguir un juicio político contra Trump.
El mes pasado, la ciudad de Richmond unánimemente respaldó una resolución similar, que los activistas dicen que la convirtió en la primera ciudad en la nación para apoyar los pasos que podrían conducir a la acusación de Trump.
La reunión en Alameda atrajo a 14 oradores, de los cuales 12 pidieron apoyo para una investigación sobre las acciones de la administración.
Los partidarios citan la negativa del presidente a desprenderse por completo de sus intereses empresariales mundiales. Argumentan que esto podrían convertirlo en una violación directa de la "Cláusula Emolumentos", una disposición constitucionalmente poco conocida que dice que los presidentes de Estados Unidos no pueden obtener un beneficio de cualquier estado extranjero.