Madrid.- El dueño de Altos Hornos de México S.A.(AHMSA), Alonso Ancira, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de persecución política y negó este martes, ante un juez español, los delitos de corrupción y blanqueo, de los que es acusado en su país.
"La acusación que tengo no tiene fines jurídicos, es un fin político y cuando entra la política por una puerta, la justicia sale por la ventana", señaló Ancira a la salida de la Audiencia Nacional.
"Está persiguiendo a gente (AMLO) y a veces hace pagar a otras gentes, nos salpica. Somos producto de un daño colateral, porque también está persiguiendo a gente que puede tener problemas claros y transparentes con la justicia. Pero está contaminando. Yo no entiendo por qué atacó mi empresa. Ha causado un daño a miles de trabajadores y está poniendo en riesgo las fuentes de trabajo", aseguró Ancira.
El empresario fue detenido el 28 de mayo en el aeropuerto español de Palma, en la isla mediterránea de Mallorca, y ya se negó entonces a ser extraditado, al tiempo que pidió su libertad.
En ese momento ingresó en prisión por orden de Pedraz, que un mes más tarde le impuso una fianza de un millón de euros para salir de la cárcel. El empresario pagó esa cantidad y quedó en libertad el 1 de julio.
El juez impuso entonces a Ancira, que también posee la nacionalidad estadounidense, comparecencias en el juzgado cada dos días, prohibición de salir de España y retirada del pasaporte.
En México se enfrenta a acusaciones por delitos que causaron "grave daño patrimonial" a la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), según la Fiscalía del país americano.
Los delitos que se le atribuyen están relacionados con el supuesto sobreprecio de unos 500 millones de dólares en la venta de una planta de fertilizantes a Pemex en 2013, cuando ésta empresa era dirigida por Emilio Lozoya Austin, sobre quien también pesa una orden de captura.
En el mes de septiembre se podría elevar el expediente judicial de Ancira a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que inicie el proceso de extradición a México, que se prolongará durante varios meses a fin de que la justicia española tenga elementos para decidir si entrega o no al empresario a las autoridades mexicanas.
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