Lima.- El caso de una joven hallada este viernes en Lima tras figurar más de 30 horas como desaparecida, cuando supuestamente acudía a un hospital para dar a luz, ha reavivado el debate sobre este tipo de casos en Perú, donde se reporta uno cada 90 minutos.
El escándalo generado alrededor de esta joven, identificada como Gabriela Olga Sevilla Torello, de 30 años, ha desatado durante la jornada de este viernes una lluvia de versiones contradictorias en un país en el que, solo en 2021, se reportaron más de 5.900 mujeres desaparecidas.
De ellas, 2.007 eran adultas y 3.897, niñas y adolescentes. Esto supone un promedio de 16 mujeres por día y, muchas, nunca reaparecen.
Primeras versiones del caso
Según explicaron los familiares de Sevilla, la joven salió el miércoles en la noche sola de su casa del distrito limeño de Surco tras romper aguas para dirigirse a una clínica y dar a luz.
A bordo de un transporte, que se presume que era un taxi que tomó en la calle, algo le hizo sospechar del conductor y mandó a sus familiares una foto borrosa, en la que no se distingue su rostro u otros rasgos que permitan reconocerla, siempre según la versión que dieron inicialmente los familiares.
A partir de ese momento, sus parientes perdieron su rastro y se quedaron esperando en el hospital al que supuestamente se dirigía y al que nunca llegó.
Ante estos hechos, las autoridades peruanas lanzaron el jueves una alerta y pidieron colaboración ciudadana y, de inmediato, la foto de Sevilla inundó las redes sociales y circuló a través de grupos de Whatsapp, acompañada de mensajes de precaución y miedo.
Gobierno de Perú se contradice
Este viernes, la ministra de la Mujer, Claudia Dávila, informó por Twitter que la joven había sido hallada esta madrugada, "con signos de haber sido golpeada", y que seguía la búsqueda de la presunta recién nacida, Martina, quien sospechaba que había sido víctima de una red de trata de personas.
Pero, poco después, la historia dio un giro copernicano cuando el ministro del Interior, Willy Huerta, salió a decir que el reporte médico determinó que Sevilla no estaba embarazada, una información que posteriormente fue confirmada por el Instituto de Medicina Legal de la Fiscalía.
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Este concluyó que la joven "no presenta signos clínicos de gestación, parto reciente ni antiguo, aunque sí muestra lesiones traumáticas corporales recientes".
Incluso el Poder Judicial emitió un pronunciamiento por redes informando de que el fingimiento del embarazo o el parto es un delito que contempla una "pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cinco años".
La ministra Dávila, por su parte, insistió en declaraciones a Canal N que la familia de Sevilla "salió a decir que sí estaba embarazada y que está siendo víctima de amenazas".
En esa línea, Sevilla reafirmó a la prensa local que sí estaba gestando y que "tiene registros de los latidos" de su hija.
"Tengo pruebas, claro que sí. Quiero pensar que como no terminaron de hacerme los exámenes (tras reaparecer) es porque ellos piensan que no pudo darse un embarazo", apostilló la joven.
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Continúan muchas mujeres desparecidas
Más allá de ese vaivén de afirmaciones, el caso de Sevilla, que sigue en investigación, ha encendido relatos de mujeres que expresaron en las redes el terror de vivir en un país que, solo en los primeros siete meses de este año, reportó 3.036 notas de alerta de desaparecidas, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Fueron, en total, 6.788 denuncias registradas entre enero y julio de 2022, de las cuales se ubicaron 3.203, es decir, un 47 %.
Sea como sea, tal y como sostuvo a Radio Exitosa la defensora del pueblo, Eliana Revollar, el caso de esta joven "se convierte en una oportunidad" para redoblar esfuerzos para atajar este delito en el país.
"Que esto no nuble la búsqueda que debe seguir dándose día a día a las personas", concluyó. EFE