Washington.- El fiscal general del Estado de Estados Unidos. Merrick Garland, anunció una demanda contra el estado de Idaho por considerar que su ley contra el aborto "criminaliza a los médicos" e impide que practiquen con libertad las interrupciones del embarazo cuando la salud de la mujer está en riesgo.
El Departamento de Justicia demanda a Idaho por violar la Ley federal de Trabajo y de Tratamiento Médico de Emergencia, para intentar proteger a los médicos que tienen que intervenir cuando el aborto es "el tratamiento médico necesario para estabilizar la condición médica de emergencia de una paciente".
Se trata de la primera acción del Departamento de Justicia contra un estado desde que el pasado junio el Tribunal Supremo anulara la sentencia "Roe contra Wade" y eliminara así la protección federal del derecho al aborto, cediendo a los estados su legislación.
Y no será la única, según explico en rueda de prensa Garland, quien apuntó que el grupo de trabajo sobre derechos reproductivos creado a raíz de la decisión del Supremo se está dedicando a evaluar "el panorama cambiante de las leyes estatales" y ya se están estudiando "litigios adicionales" contra otros estados.
Todo ello para "hacer todo lo posible para garantizar el acceso legal continuo a los servicios reproductivos" en estos "tiempos aterradores e inciertos para las mujeres embarazadas y sus proveedores", apuntó por su parte la fiscal general adjunta, Vanita Gupta.
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Con la denuncia de hoy se busca poner freno a esta ley de Idaho que entra en vigor el próximo 25 de agosto e impone a los médicos la carga de probar en el juicio que no son penalmente responsables, después de ser arrestados y acusados.
El fiscal recordó que en algunas circunstancias "el tratamiento médico necesario para estabilizar la condición del paciente es el aborto”, por ejemplo, cuando una mujer sufre un aborto espontáneo que amenaza con una infección séptica o hemorragia o sufre de preeclampsia grave.
Aunque la ley de Idaho establece una excepción para evitar la muerte de una mujer embarazada, detalló el fiscal, no incluye ninguna excepción para los casos en los que el aborto es necesario para evitar un riesgo grave para la salud de la mujer.
Los médicos que se arriesguen a practicar un aborto en el estado se enfrentan a entre dos y cinco años de prisión y a la revocación de su licencia médica.
Además, otros profesionales como enfermeras o técnicos de laboratorio también se enfrentarían a la suspensión de la licencia y a la posible revocación por ayudar con los abortos.