Monterrey La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León tendrá “armas” para someter al exgobernador Rodrigo Medina a un juicio político y a uno de procedencia penal.
El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa autorizó anoche la entrega de copias certificadas de un juicio de amparo que iniciaron ambientalistas contra el proyecto Monterrey VI, las cuales servirán como pruebas para sustentar los juicios.
Esas copias documentan acciones, que podrían implicar delitos, que el exgobernador y otros funcionarios cometieron al aprobar el contrato para construir el acueducto que tenía como fin traer agua del río Pánuco, a 372 kilómetros al sur.
“Esos documentos nos van a dar armas para actuar en contra del gobierno anterior”, resaltó Samuel García, diputado vicepresidente de la Comisión Anticorrupción.
“La Comisión podrá dar trámite a la declaración de procedencia penal y también a un juicio político”, agregó.
Según García, el resto de los integrantes de la Comisión Anticorrupción buscaron desechar la solicitud de juicio que iniciaron ciudadanos ante la anterior Legislatura.
Argumentaron que no existían pruebas para sostener las acusaciones. Pero el diputado rastreó las posibles evidencias en el expediente de un juicio de amparo que esos mismos ciudadanos iniciaron contra Agua y Drenaje para pedir información sobre el proyecto.
Las copias que el Congreso recibió incluyen el contrato que la administración anterior signó con un conglomerado de empresas, entre las que estaba incluida Grupo Higa que construyó la famosa “Casa Blanca”, atribuida al presidente Enrique Peña Nieto.
“El proyecto estaba diseñado para generar uno de los más grandes fraudes que se iban a hacer al erario público y a la confianza de la comunidad”, dijo en julio Cosijoopii Montero, de la ONG Reforestación Extrema, cuando tuvieron acceso por primera vez al contrato.
El diputado García indicó que, de comprobarse el dolo de la administración pasada, el Congreso podría ordenar su inhabilitación como funcionarios públicos y multas.
Para buscar castigos penales, el Congreso tendría que elaborar denuncias y presentarlas a la Procuraduría de Justicia, agregó el diputado por Movimiento Ciudadano.
Pese a tener ya las posibles pruebas, para que los juicios arranquen deberá haber consenso entre los diputados de la Comisión Anticorrupción, integrada por cinco diputados del PRI, cuatro del PAN y uno de Nueva Alianza, además de García.
“Ahora falta tener el consenso para poder seguir el trámite”, sentenció el diputado.
Los juicios
¿Qué es juicio de procedencia?
Es el que sigue el Poder Legislativo para definir si un funcionario público debe ser procesado penalmente y declarar su desafuero. En este caso, al ser exfuncionarios los involucrados, el juicio podría finalizar en una denuncia penal por parte del Congreso.
¿Qué es juicio político?
Su finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos y encontrar si éstos incurrieron en acciones que beneficiaron a otros intereses afectando los de la sociedad.
[attach_entity|type=inline_element|id=14050]