Va Congreso por pruebas contra Medina

El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano dijo el juzgado primero de Distrito entregará las pruebas que tiene en contra del ex gobernador del estado Rodrigo Medina.

Monterrey.- Integrantes de la Comisión Anticorrupción del Congreso local, acudirán mañana ante el Juez primero de Distrito en materia administrativa para que les sean entregadas las pruebas en contra de Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León, y así se pueda iniciar una investigación por irregularidades en el proyecto Monterrey VI, señaló el diputado Samuel García.

El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano indicó que luego de promover la solicitud el Juez les dio la razón, por lo que mañana jueves acudirán ante el Poder Judicial de la Federación a recoger los documentos en donde se demuestra el presunto dolo en la licitación realizada para llevar a cabo el proyecto con el que se pretendía traer agua a Monterrey desde el río Pánuco, en Veracruz.

“Se debatió que si se podía o no pedir pruebas, por lo que se hizo la solicitud, se demostró que sí se tiene el fundamento legal y constitucional para ir por las pruebas e iniciar un expediente, ya sea administrativo o penal.

""Vamos a poder brindar las armas a la Procuraduría para que agregué  a la averiguación que se debe de iniciar son pruebas y elementos que en su momentos como el tema de Monterrey VI  que hacemos por los ciudadanos del Estado"", destacó García.

Indicó que no van permitir que ninguna prueba sea desechada en contra de los ex funcionarios que resulten responsables.

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“Se tienen que ir hasta donde tope, hay que rascarle y sancionar, es lo que la ciudadanía quiere, primero hay que cambiar la percepción que tiene la gente ya que a quien incurre en algo malo no se le hace nada, pero el día que sepan que uno que hizo actos de corrupción fue sancionado, la van a pensar dos veces”, indicó García.

Mencionó que la anterior administración del Estado se sobrepasó en los topes de gasto, los cuales eran ilegales ya que se pretendía pagar estudios que no fueron validados por el Congreso u organismos  especialistas en el tema.

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