Monterrey.- El incremento a la sanción en contra de los responsables del Cobijagate causó indignación entre líderes ciudadanos quienes demandaron claridad en las decisiones que toma el Gobierno del Estado contra los corruptos.
Para Daniel Butruille, integrante de Evolución Mexicana, la evidencia de que las cobijas fueron compradas con precio tres veces mayor a su valor original es un claro indicio de corrupción.
“Creo que el Gobierno estatal se lavando las manos orientando la sanción a las irregularidades de los procesos, nosotros pensamos que si la operación se hizo fuera de valores comerciales, es que hay corrupción", declaró.
El activista Guillermo Martínez Berlanga señaló que todo el gobierno de Jaime Rodríguez está lleno de corruptos, por lo que el tema de las cobijas es “pecata minuta”, o una falta leve en medio de todo lo que ocurre en la administración estatal se hace mal.
“Es el reflejo de un gobierno voraz, de un gobierno corrupto y un gobierno que no respeta la ley. ¿Cómo puede ser que le cambien la sanción, primero dijeron que eran 100 y ahora que son 200 y mañana dirán que son 500 y luego dirán que no hay acción penal?, la justicia está muy manoseada”, dijo.
Luego de 15 días bajo fuertes cuestionamientos por la sanción de apneas 7 mil 500 pesos aplicada a los funcionarios estatales implicados en la compra irregular de cobijas con sobrecosto, el Gobierno estatal incrementó la sanción económica a los responsables.
El Estado informó que ahora la sanción para el ex subsecretario de
Administración, Rogelio Benavides Pintos es de 274 mil; mientras que para el director de Adquisiciones, Gonzalo Padilla Orozco, es de 244 mil pesos.
Originalmente, la autoridad estatal les impuso a los involucrados una multa a 100 días de salarios mínimos, que equivalían a 7 mil 304 pesos.
Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Marco González, solicitó inhabilitar a Benavides Pintos, así como la renuncia de la contralora Nora Elia Cantú.
“No es suficiente esta sanción, estar inventando sanciones dependiendo de la presión ciudadana y de acuerdo al juicio ciudadano no va resolver nada.
"Queremos que inhabiliten a Rogelio Benavides Pintos y que renuncie la Contralora, mínimo para que haya algo de coherencia en el discurso del ejecutivo”, añadió el priista.