Monterrey.- En el segundo día de la glosa del Primer Informe de gobierno estatal, el diputado priista Eugenio Montiel retomó el tema del Cobijagate, para pedir una explicación de la sanción y su respectiva modificación.
A finales del año pasado, cinco funcionarios, encabezados por Rogelio Benavides Pintos, se vieron involucrados en la compra de cobijas al triple de su precio, por lo que fueron separados del cargo y multados por el gobierno estatal.
Aunque al principio se multó con una cantidad 7 mil pesos, posteriormente se alegó una mala interpretación y la sanción se incrementó a 274 mil pesos.
Hace unos meses el Congreso emitió un exhorto para que la Tesorería entregara la documentación detallada para conocer el criterio que se utilizó para determinar el monto de la sanción, insuficiente para el legislativo.
Hasta hoy, el exhorto no ha sido respondido, por lo que el tesorero Carlos Garza se comprometió a responderlo a más tardar este miércoles.
“Toda buena acción, no sirve de nada, si se empaña con un caso de corrupción”, aseveró el diputado Eugenio Montiel; “¿en qué consistió el error de interpretación en la sanción?”, cuestionó.
A decir del Tesorero, la sanción no se ajustó, más bien hubo una mala interpretación de la misma: “No hubo un ajuste, se les sancionó con 90 días de salario, no salario mínimo como se interpretó”.
Carlos Garza, aseguró que no tiene pruebas que demuestren el dicho sobreprecio, ni el daño hacendario: “No tengo evidencia formal, dentro de proceso, que lo demuestre. Se está resarciendo el daño y la sanción está apegada a la Ley de Servidores Públicos”.
El Tesorero aseguró que según el artículo 67 de la ley mencionada, no habiendo daño patrimonial y no habiendo dolo, la sanción es sólo económica.
La contralora Nora Elia Cantú secundó el dicho del tesorero: “No se confirmó lucro, por lo que las sanciones son por mala conducta de parte de los funcionarios”.