Monterrey.- En el segundo día de la glosa del primer informe de gobierno estatal, el diputado priista Eugenio Montiel retomó el tema del Cobijagate, para pedir una explicación de la sanción y su respectiva modificación.
A finales del año pasado, cinco funcionarios, encabezados por Rogelio Benavides Pintos, se vieron involucrados en la compra de cobijas al triple de su precio. Hace unos meses el congreso emitió un exhorto que la tesorería entregara la documentación detallada para conocer el porqué de la sanción, insuficiente para el legislativo.
El exhorto no ha sido respondido, sin embargo el tesorero Carlos Garza se comprometió a responderlo a más tardar este miércoles.
La sanción aplicada a los funcionarios, una vez publicada el 15 de septiembre, se modificó.
“Toda buena acción, no sirve de nada, si se empaña con un caso de corrupción”, sentenció Montiel Amoroso. “¿En qué consistió el error de interpretación en la sanción?”, cuestionó.
A decir del tesorero, la sanción no se ajustó, más bien hubo una mala interpretación de la misma: “No hubo un ajuste, se les sancionó con 90 días de salario, no salario mínimo como se interpretó”.
Carlos Garza, aseguró que no tiene pruebas que demuestren el dicho sobreprecio, ni el daño hacendario: “No tengo evidencia formal, dentro de proceso, que lo demuestre. Se está resarciendo el daño y la sanción está apegada a la Ley de Servidores Públicos”.
El tesorero aseguró que según el artículo 67 de la ley mencionada, no habiendo daño patrimonial y no habiendo dolo, la sanción es sólo económica.
La contralora Nora Elia Cantú secundó el dicho del tesorero: “No se confirmó lucro, por lo que las sanciones son por mala conducta de parte de los funcionarios”.