Monterrey.- La exalcaldesa de Monterrey Margarita Arellanes y sus excolaboradores entrarán a juicio para determinar sus responsabilidades por el pago millonario a un despacho de abogados... siempre y cuando los amparos lo permitan.
Aunque la juez de control del Estado, Patricia Alejandra Gutiérrez, determinó que si hay bases para continuar con el juicio, éste dependerá de los resultados que den los amparos interpuestos por los nueve imputados.
Al respecto, la defensora de Margarita Arellanes e Irasema Arriaga, Carla Pratt, comentó que es necesario esperar el sentido de los amparos y no descartó que por éstos, el juicio no se lleve a cabo, por lo menos contra sus clientes.
Los imputados, exsíndicos, regidores y funcionarios municipales, interpusieron recursos de amparo ante un juez de distrito en materia penal en contra de la vinculación a proceso de que fueron objeto.
En el caso del exsíndico David Rex, el exregidor Arturo Pecina, el exdirector de egresos Aldo Cepeda y de Luis Ángel Torres exencargado del despacho de la dirección de adquisiciones, la acusación actual es por ejercicio indebido de funciones.
Ellos habrían autorizado de manera directa la contratación del despacho Roberto Martínez Abogados para protección legal de funcionarios del trienio 2012-2015 por cuestiones relacionadas con su administración.
En tanto que a Margarita Arellanes, exalcaldesa, la exsíndico Irasema Arriaga, el extesorero Julián Hernández, la exsecretaria de Administración Alejandra Rodríguez. y el exdirector jurídico José Francisco De la Cruz, están acusados por ejercicio abusivo de funciones.
Ellos habrían firmaron el contrato con Roberto Martínez Abogados para protección legal que rebasara al gobierno panista de Arellanes y cuyo costo superó los 8 millones de pesos.