Monterrey.- Las imágenes dieron la vuelta al mundo del internet: una docena de hombres, que parecen tener la libertad para moverse a sus anchas, golpean a otro en medio de un patio hasta quitarle la vida.
¿Dónde estaban los vigilantes?, es la primera pregunta que cruza por la mente de cualquiera que se encuentre con ese video.
La falta de custodios suficientes para mantener la vigilancia de los reos del Penal de Topo Chico es una de las principales causas de la violencia que culminó con la muerte de 49 personas durante la madrugada del jueves.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos reportó en su estudio “Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de su Libertad”, publicado el año pasado, que el número de custodios en Topo Chico es de 287.
De acuerdo al gobernador Jaime Rodríguez, la población actual de ese centro penitenciario es de 3 mil 400 personas; lo que resulta en una relación de 2 custodios por cada 22 internos.
“La Ley de Seguridad Pública local establece que debe haber 2 custodios por cada 10 internos”, expuso la plataforma “Cómo Vamos, Nuevo León”, en un comunicado.
“El sistema de seguridad es un foco rojo que amenaza cualquier estrategia de seguridad en el corto plazo”. Si se cumpliera la Ley, Topo Chico debería tener 680 custodios debido al número de internos actual; el déficit es de 393 celadores.
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El gobernador Jaime Rodríguez reconoció el problema y afirmó que su administración inició gestiones desde el año pasado para incrementar el número de celadores en Topo Chico y en las cárceles de Apodaca y Cadereyta.
“Nuestro déficit en el tema de custodios es alto, pero tenemos que tener mayores recursos porque ahora los custodios tienen un salario menor, eso es algo que venimos heredando, pero estamos en un Gobierno estrecho, sin posibilidad de maniobra financiera”, expuso Rodríguez.
Los sueldos del personal de custodia del Sistema Penitenciario van de los 9 mil a los 13 mil pesos; lo que los hace. Ese sueldo los pone en una situación vulnerable para aceptar sobornos; tras el motín que dejó 44 murtos y 30 fugas en el Penal de Apodaca, en 2012, se descubrió que los celadores recibían moches de 5 mil pesos al año por parte de grupos criminales.
“La posibilidad de más policías y custodios depende del apoyo que podamos conseguir adicional al recurso que nos fue aprobado para este año”, sentenció el gobernador.
Rodríguez agregó que por lo pronto la Policía Militar, que empezará a operar en unos días, ayudará al Gobierno del Estado a resguardar el orden en Topo Chico y a recuperar el control en los penales de Apodaca y Cadereyta, que también padecen sobrepoblación, autogobierno y déficit de custodios.
También pidió al Congreso de la Unión que reformen las leyes del sistema penitenciario para que las Fuerzas Armadas y el Ejército puedan también participar en la operación de las cárceles.