Monterrey.- Las reformas para crear el Sistema Estatal Anticorrupción que aprobó en primera vuelta el Congreso de Nuevo León el año pasado contienen errores que facilitarían la defensa de acusados de actos de corrupción.
Esa es la conclusión del abogado Salvador Benítez, integrante de la ONG “Ciudadanos en Contra de la Corrupción”, quien realizó un análisis del dictamen que los diputados aprobaron en noviembre del año pasado.
“Los defectos que estamos viendo le van a dar material a los abogados que van a defender a los corruptos, si nosotros no amarramos que esta reforma venga sólida, pues probablemente en un juicio constitucional va a resultar improcedente alguna acción (contra los acusados)”, comentó Benítez.
En una exposición ante integrantes de la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho de la UANL, Benítez dijo que incluso encontró que algunos fragmentos de la reforma aprobada por los diputados locales no son más que un “copy-paste” de la reforma federal en la materia.
“Nada más le picaron un botón y lo copiaron, en algunas partes corrigieron y en otras no, yo creo que cuando la urgencia y los tiempos políticos te agobian, pues se te olvida hacer las cosas bien, y ahí está la prueba”, comentó el abogado.
Benítez agregó que estos errores pueden ser subsanados debido a que hace falta una segunda vuelta de votación para que la reforma sea aprobada, por ello exhortó al Congreso a someter su iniciativa un intenso análisis jurídico.
Los errores:
No fortalece la extinción de dominio
Uno de los argumentos de los diputados para señalar que su Fiscalía Anticorrupción tendrá más competencias que la Subprocuraduría Especializada, que creó el gobernador Jaime Rodríguez, es la posibilidad de regresar al Estado los bienes que fueron robados. Sin embargo, los diputados no hicieron modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio para que eso sea posible.
Ponen caducidad a delitos
Otro hecho cuestionable es que los diputados sugieren que los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado deben tener una prescripción de siete años, si en ese lapso no son denunciados, esas faltas ya no pueden ser perseguidos. De acuerdo a Benítez existen preceptos constitucionales que se pueden reforzar para que ese tipo de delitos no tengan prescripción.
Abren puerta a la corrupción
La reforma propuesta por los diputados crea la figura de faltas administrativas graves, eso implicaría que funcionarios públicos que “roban poquito” no sean juzgados como delincuentes y solo le sean asignados castigos administrativos.
Alarga proceso para buscar castigos
Lo aprobado por los diputados propone la intervención de los Tribunales Administrativos, quienes revisarían los casos antes de su llegada a los Tribunales Penales; eso provocaría que los procesos para buscar castigos se alarguen de más.
Da autonomía a la Fiscalía, pero no a la Procuraduría
Además, la propuesta contraviene la Constitución Federal, que ordena dotar de autonomía las procuradurías de los estados, algo que no está planteado en la reforma del Congreso de Nuevo León, que solo propone autonomía para la Fiscalía Anticorrupción.