Monterrey.- El politólogo del Tec de Monterrey, Aurelio Collado, cree que la Ley de Participación Ciudadana que el Congreso se alista a votar se va a ver limitada en su aplicación, en caso de aprobarse.
Afirma que por la inconsistencia que tiene respecto a la Constitución Mexicana se podrían presentar recursos que impidan su puesta en marcha, sobre todo en casos como la revocación de mandato.
“Parece que no ha sido adecuadamente conciliada con la constitución federal, y eso va a producir algún tipo de reclamo en la forma de una controversia constitucional que alguien pudiera interponer”, dijo.
Los diputados ya han presentado propuestas de reforma a la Constitución de Nuevo León, para armonizar la Ley en caso de que sea aprobada y evitar otro veto por parte del gobernador Jaime Rodríguez.
Aun así, sería posible interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aunque en otros lugares del país han justificado la revocación de mandato con el Artículo 39 Constitucional, como es el caso de Tlajomulco de Zúñiga, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, que fue el primer municipio mexicano en aplicar esta figura en 2011 y después en 2014, el experto en políticas públicas dice que la iniciativa neoleonesa no cuenta con la suficiente fortaleza jurídica.
“La arquitectura jurídica de la ley es endeble, creo que podría estar el tema del artículo 39 pero hay otros niveles que tienen que ver con el asunto de competencia, específicamente en el nivel municipal el artículo 115 nos da mayor libertad, pero no sé si lo mismo aplicaría a nivel estatal y ahí elementos a considerar”, explica.