Monterrey.-De los cuatro senadores neoleoneses –tres electos y uno plurinominal-dos no se han unido a la llamada '3 de 3', es decir, a la declaración fiscal, patrimonial y de intereses que hasta ahora es voluntaria, pero que un grupo de organizaciones civiles busca convertirla en ley.
A pesar de ello, los legisladores debatieron ayer con activistas que impulsan la iniciativa, firmada por 634 mil ciudadanos, en el Tec de Monterrey.
De las siete leyes secundarias que conforman el paquete de la reforma anticorrupción, dos son las que han representado mayores dificultades para llegar a un acuerdo: la obligatoriedad de la '3 de 3' y el principio de máxima publicidad, que implica facilitar el mayor acceso a la información de los servidores públicos.
Estas diferencias han hecho que el Senado se haya retrasado en la votación de las modificaciones y, según Marco Fernández, académico de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, no estarán listas antes del 28 de mayo, como los mismos legisladores lo propusieron.
Las senadoras priistas Marcela Guerra y Cristina Díaz están en contra de la máxima publicidad y ampliación de las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, pues, afirmaron, se pondría en riesgo el derecho constitucional a la protección de datos personales.
Pero para Fernández, esta es una interpretación errónea, pues las reformas no son anticonstitucionales porque se basaron en las mejores prácticas internacionales en el tema anticorrupción.
'No es solamente una postura del PRI, ha habido postura de otros legisladores del PAN que tienen sus reservas de hacer versiones más amplias de las declaraciones. Nosotros insistimos desde la sociedad civil que debe haber la sensibilidad de la clase política del hartazgo a los reiterados casos de corrupción', dijo Fernández.
Por su parte, Rafael García, de Transparencia Mexicana, manifestó que la reforma constitucional en materia anticorrupción que se debate señala el respeto a los datos personales.
Añadió que mientras no existan dictámenes que se puedan discutir no se podrá analizar qué tan amplias tendrían que ser las declaraciones públicas, aunque un parámetro podría ser el “3 de 3”, pero es necesario que los partidos expliquen sus preocupaciones.
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