Monterrey.- Aunque la Fiscalía Anticorrupción del Gobierno del Estado anunció que procederá penalmente contra el ex Gobernador, Rodrigo Medina y nueve de sus colaboradores, esto no implica que vayan a ser inmediatamente detenidos, enjuiciados y encarcelados.
El siguiente paso de la llamada “Operación Tornado” es que el Poder Judicial, es decir un juez, le dé validez a las pruebas que presenta el gobierno contra los ex funcionarios y libere órdenes de aprehensión.
La semana pasada, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Arenas Bátiz, visitó el Palacio de Justicia y sostuvo una reunión con seis jueces.
Fuentes oficiales informaron a Periódico ABC que el motivo de este encuentro fue advertir a los jueces Iram Cázares, Patricia Quintana, Bertha Vaca, Pedro Cisneros y Patricia Gutiérrez, que en fecha próxima recibirían los expedientes de parte de la Fiscalía Anticorrupción.
La instrucción fue precisa: que realizaran el mejor trabajo posible, llegando hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta el mismo ex gobernador.
Esto implica que en la acusación contra los ex funcionarios, entre los que se incluye a la ex alcaldesa panista, Margarita Arellanes, falta que el Poder Judicial actúe con rapidez y eficiencia para analizar las pruebas y detener a los funcionarios acusados por actos de corrupción.