Monterrey.- El gobierno de Nuevo León acusó la tarde de este viernes al ex gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz por daños al erario de al menos 3 mil 600 millones de pesos.
La investigación se bautizó como “Tornado”, al igual que el caballo del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien durante su campaña prometió que combatiría los actos de corrupción cometidos por el ex gobernador y su padre.
A ocho meses de haber entrado en funciones, el gobierno encabezado por Rodríguez Calderón anunció que embargará bienes del ex mandatario para garantizar la reparación del daño.
Además de Medina, las autoridades acusaron a su papá, Humberto Medina Ainslie, y a 9 ex funcionarios, 5 ex servidores públicos, 2 alcaldes en funciones, 2 diputados federales, 9 empresarios, 2 funcionarios bancarios, familiares y socios.
El caso por el que se denuncia al ex mandatario es la compra y venta de terrenos y los delitos que se imputan son peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido de funciones y uso de información privilegiada.
El fiscal anticorrupción, Aldo Fasci Zuazua, señaló que no se puede otorgar mayor información porque los funcionarios están vinculados a proceso, es decir, inicia la acusación ante un juez que deberá valorar las pruebas y solicitar a los acusados una respuesta, pero adelantó que se solicitará el desafuero de dos alcaldes en funciones.
Fasci Zuazua dio a conocer detalles de negocios realizados entre funcionarios y sus familiares, y aunque no mencionó nombres porque la ley se lo prohíbe, trascendió que se refirió al ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y a su padre, Humberto Medina Ainslie.
Informó que ""un ex mandatario"" realizó 32 viajes gratuitos con su familia a Estados Unidos a bordo de un avión privado, propiedad de un constructor que fue favorecido con diversas obras estatales y al menos en una de ellas se encontró que realizó una similar en un estado vecino y la hizo a mitad del precio cobrado en Nuevo León.
Destacó que otro empresario construyó un edificio ""al padre de un funcionario"" de manera gratuita, y trazó una red de vínculos entre funcionarios, amigos y familiares en negocios en los que se utilizó información privilegiada y se hicieron pagos excesivos y facturaciones irregulares.
""Nomás faltó invitar a una comadre a este asunto... no sería propio decir eso pero ya lo dije"", señaló Fasci Zuazua y negó que el anuncio tenga que ver con las elecciones que se realizarán en varios estados de la República este domingo o con el primer aniversario del gobierno de Jaime Rodríguez, quien no estuvo presente en la rueda de prensa.
Otro caso que se investiga es un mal manejo por 2 mil 300 millones de pesos por anomalías en diversas obras públicas y la Contraloría estatal acusa son los ex secretarios de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán; de Finanzas y Tesorería, Rodolfo Gómez Acosta y Luis Marroquín, de Obras Públicas, entre otros.
También se acusó a la ex alcaldesa panista de Monterrey, Margarita Arellanes, por malos manejos del erario por un monto de 7 millones de pesos.
En un plazo de seis meses iniciará la presentación de pruebas y el inicio del juicio oral al cual deberán acudir todos los involucrados, explicó el subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales y agregó que podría establecerse un acuerdo reparatorio, pero siempre y cuando no afectara al Estado.
En total son 28 responsabilidades administrativas de las cuales se desprende inhabilitación por 10 años para trabajar en el servicio público, además de 47 presuntas responsabilidades penales, principalmente por peculado y ejercicio indebido de funciones.
La próxima semana se dará vista al Ministerio Público para que inicie el procedimiento penal y aunque el fiscal no descartó que se dicten medida de arraigo contra algunos de los acusados, señaló que esa es una decisión de los jueces.
Otras acusaciones se refieren al Sistema de Caminos de Nuevo León, al sector Salud, Desarrollo Agropecuario, Secretaría del Trabajo, Seguridad Pública, Servicios de Agua y Drenaje, Secretaría General de Gobierno, Sistema Metrorrey y la Secretaria de Educación.
Por su parte, Ernesto Canales, subprocurador Anticorrupción, señaló que ""no se trata de una campaña contra un grupo de funcionarios sino de señalar conductas que no se deben de realizar"".
Durante la rueda de prensa ofrecida en el salón Polivalente del palacio de Gobierno se aclaró que en los 75 casos investigados se acusa a los titulares pero en cada uno de ellos se informó a los responsables de cada dependencia.