Monterrey.-La exalcaldesa Margarita Arellanes debe responder hoy a las acusaciones que le hace la Fiscalía Anticorrupción del Estado, dentro de la 'Operación Tornado' .
La exmunícipe panista de Monterrey es acusada de pagar 7.5 millones de pesos a un despacho de abogados para su protección legal durante los tres años siguientes al término de su gestión.
Arellanes debe acudir ante un juez de control en el Palacio de Justicia de Monterrey para explicar el pago millonario que hizo al bufete del litigante Roberto Martínez, quien busca devolver el dinero, aunque esta acción no eximiría a la exedil de una condena.
Además hay otras tres acusaciones realizadas por la actual administración del Municipio de Monterrey. El alcalde regio, Adrián de la Garza, dijo que le interesa que la panista pague el daño ocasionado al patrimonio municipal.
'Es un derecho que no queremos renunciar a él, independientemente de las sanciones penales que correspondan', manifestó el priista.
Por su cuenta, el abogado y extitular interino de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Villarreal, consideró que la Fiscalía Anticorrupción se ha mostrado 'suave' a la hora de perseguir los presuntos delitos de los exfuncionarios.
El litigante expuso que al comenzar el caso de Arellanes, el Ministerio Público podía haber decretado el embargo de sus propiedades y el arraigo.
'Con la mano en la cintura se le puede decretar (un arraigo), no es este el único hecho que se le imputa con responsabilidad, hay una cantidad enorme de hechos que explican cómo fue saqueada la hacienda pública', explicó.
Apenas el martes, el contralor Luis Enrique Orozco anunció que la exalcaldesa será acusada otra vez por el Ayuntamiento regio por desviar 34 millones de pesos de las arcas municipales, al realizar descuentos a los empleados que no llegaron a su destino.
Esta denuncia se suma a la que enfrenta por el pago de 7.5 millones de pesos, así como el desvío de 10.3 millones de pesos de un crédito para obras y que usó para saldar el Impuesto Sobre la Renta.
En las audiencias que arrancaron esta semana fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones el extitular del Sistema Estatal de Caminos, Víctor Ramón Martínez Trujillo, por presuntamente haber simulado una obra en San Nicolás.
El ex funcionario estatal admitió ante el juez de control haber firmado los documentos con los que se autorizó un contrato por un millón 6 mil 532 pesos con la empresa Impulsora Mexicana del Comercio y Construcción, para pavimentar la calle 18 de Diciembre, en la colonia El Roble.
Por otro lado, la audiencia de la exsubdirectora de Administración de la misma paraestatal, Nancy Villegas, fue pospuesta ayer para el próximo 27 de julio porque no fueron acreditados ante el Tribunal Superior de Justicia dos de los tres abogados que conforman su defensa.
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