Monterrey.-Para dar al despacho Roberto Martínez Abogados el contrato de servicios de protección jurídica, el gobierno de la exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, gastó 49 veces más el tope financiero permitido.
Aunque el límite para hacer una adjudicación directa es de 168 mil 240 pesos, según indicó la Fiscalía Anticorrupción del Estado en la audiencia a la que ayer acudió la exedil, la administración regia anterior erogó 8.2 millones de pesos. Dentro de la 'Operación Tornado', la Fiscalía Anticorrupción acusó a Arellanes y a otros 9 ex servidores públicos de ejercicio indebido y abusivo de funciones al contratar ilegalmente al bufete.
El Ministerio Público señaló que toda licitación se asigna en base a una consulta pública con convocatoria y que sólo se puede adjudicar directamente un contrato si el monto no excede a lo que señala la ley.
Arellanes, los beneficiarios del contrato y quienes lo aprobaron fueron notificados el 14 de junio sobre su audiencia, que fue celebrada ayer en el Palacio de Justicia de Monterrey y aunque tuvieron 15 días para recabar pruebas de su inocencia, pidieron que se ampliara el plazo para su defensa.
El litigante Juan Antonio Villarreal representa a la exalcaldesa, a la exsíndica Irasema Arriaga y al extesorero Julián Hernández. La jueza Patricia Alejandra Gutiérrez Ramírez pactó como fecha para presentar pruebas el próximo 5 de julio en el Palacio de Justicia de Monterrey, a las 9:00 horas. Dentro de la 'Operación Tornado' se dio la vinculación a proceso penal del exdirector del Sistema Estatal de Caminos, Víctor Ramón Martínez Trujillo.
Luego, el turno de la exsubdirectora de Administración de la misma paraestatal, Nancy Villegas, fue pospuesto para el próximo 27 de julio.