Monterrey.- El extesorero de Nuevo León, Rodolfo Gómez Acosta, quedó vinculado a proceso por los delitos de uso indebido de funciones, peculado y daño patrimonial, dentro de la “Operación Tornado”.
Gómez Acosta y otros 30 colaboradores, familiares y amigos del exgobernador priista Rodrigo Medina son investigados por el gobierno del actual mandatario, Jaime Rodríguez.
El juez Pedro Cisneros dio validez a los argumentos de los fiscales, quienes señalaron que Gómez Acosta permitió que se entregaran incentivos no solicitados a la armadora coreana de autos KIA por 3 mil 680 millones de pesos para que se asentara en el municipio de Pesquería.
Se determinó mantener el embargo precautorio de un lote y finca en la colonia Jardines del Valle, en San Pedro, propiedad de Gómez Acosta, y se le retiró el pasaporte durante seis meses para que no abandone el país.
De acuerdo a la fisca lía, Gómez Acosta permitió que el Sistema Estatal de Caminos y la Secretaría de Obras Públicas ejercieran presupuestos antes de la firma de contrato con la empresa KIA, el pasado 27 de agosto de 2014, y los funcionarios aplicaron estos recursos antes de que fueran solicitados.
Gómez Acosta es el primer funcionario de alto nivel del gobierno anterior que resulta vinculado a proceso; el mes pasado la exalcaldesa panista de Monterrey, Margarita Arellanes, corrió la misma suerte luego de ser acusada por usar el erario para hacer pagos a un despacho jurídico que la defendería de cualquier situación legal.
La audiencia de Gómez Acosta duró 9 horas y al inicio de la misma, el extesorero se mostró tranquilo y dijo que pediría a las autoridades que se definiera su situación legal el mismo día y no se prolongara a una audiencia más, como ha sucedido en otros casos.
El juicio al extesorero seguirá el próximo 26 de enero del 2017 a solicitud de la fiscalía.
Por otra parte, mañana toca el turno al exgobernador Rodrigo Medina para acudir ante el juez de control.
El exmandatario priista debe responder por los mismos delitos imputados a Gómez Acosta, de acuerdo a las investigaciones de la “Operación Tornado” reveladas el pasado 4 de junio por el subprocurador anticorrupción, Ernesto Canales, quien estuvo presente al inicio de la audiencia.