Monterrey.- Apenas un año después de comenzar su presidencia en el Poder Judicial, Carlos Arenas Bátiz ya tiene una nueva aspiración: ser magistrado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife).
Al concluir su primer informe de labores, el presidente del Tribunal Superior de Justicia admitió querer cambiar de aires.
“Reconozco que no está nada fácil, hay muchos candidatos inscritos con muy buenas trayectorias y cumpliendo los perfiles, no me quiero ni hacer ilusiones, aunque reconozco que sería un anhelo para mí”, dijo.
Para Arenas Bátiz dirigir al Poder Judicial no ha sido fácil, pues aunque llegó marcado por la independencia del gobierno de Jaime Rodríguez, no se cumplieron los resultados que se esperaban de él.
El jefe de los jueces en Nuevo León también se topó con los diputados del PRI y el PAN a la hora de tomar decisiones.
Tanto en el Consejo de la Judicatura, por la representación política de sus integrantes, como en la eliminación de dos magistrados impuesta por el Congreso, lo que volvió lenta la impartición de la ley.
También tuvo desencuentros con los alcaldes metropolitanos, quienes lo acusaron de liberar secuestradores con la implementación del Sistema Penal Acusatorio.
El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, lo calificó persona “non grata” para su municipio y su homólogo de Monterrey, Adrián de la Garza, criticó las liberaciones.
Fuentes del Poder Judicial señalaron que aunque Arenas Bátiz tuvo apoyo de jueces y magistrados, lo perdió por sus pocos resultados en materia de transparencia.
El próximo 4 de noviembre se eligen a los magistrados del Trife y si Arenas Bátiz logra su cometido dejaría inconclusa su presidencia, que termina el 31 de julio de 2017. Trascendió que en su lugar quedaría su antecesor, Gustavo Adolfo Guerrero.
Actos irregulares
Durante su informe de actividades, Arenas Bátiz aseguró que fincará responsabilidades contra 31 personas que incurrieron en actos irregulares en las Oficialías de Partes, mientras que aún se investiga corrupción en 10 contratos.
“Quisiera que la investigación concluyera quiénes tienen responsabilidad y se siga un procedimiento administrativo”, dijo el magistrado.
DATO ABC
ABC EVIDENCIÓ EL DERROCHE en el que ha incurrido el Poder Judicial, por ejemplo, al comprar equipo de cómputo que no se ha definido en dónde quedó.