Monterrey.- El pleno del Congreso local rechazó las cuentas del exgobernador priista Rodrigo Medina y de la exalcaldesa panista Margarita Arellanes Cervantes, luego de que diputados de ambos partidos señalaran que no serán "tapaderas" de nadie.
La presión ciudadana y de otros partidos obligó a los legisladores a cuestionar a los exfuncionarios de sus propios partidos, quienes ya son investigados por el Gobierno estatal independiente.
En el caso de las cuentas del exgobernador Medina, correspondientes al año 2014, se detectó un "monto no solventado" de 4 mil 484 millones de pesos, es decir, gastos de los que no se tiene el debido comprobante.
Respecto a la exalcaldesa Arellanes Cervantes, en la cuenta de 2013 se encontraron anomalías por 63 millones de pesos divididos en 40 millones desviados de cobros a mercados rodantes, 17 millones en pagos a empresas privadas y 6 millones de pesos a empresas fantasmas.
"La administración de Margarita fue deficiente, hubo un incremento descarado de nómina y pagos en exceso en obra pública, por lo que se hace acreedora a una manifestación de rechazo de su cuenta", dijo en tribuna la diputada priista Ludivina Rodríguez.
De acuerdo con los dictámenes de la Comisión Primera y Segunda de Hacienda, se pidió emprender acciones legales contra el auditor general del Estado, Gilberto Mireles, "por maquillar las observaciones detectadas" por el Congreso.
También se rechazó la cuenta del gobierno estatal de 2008, que corresponde al exgobernador priista Natividad González Parás, antecesor de Rodrigo Medina.
Los legisladores explicaron que se enviarán a la Auditoría Superior del Estado las cuentas rechazadas para que ésta determine si existió dolo en las anomalías y, en caso afirmativo, turne los expedientes a la Subprocuraduría estatal Anticorrupción, para que ésta finque responsabilidades que podrían ser administrativas e incluso penales.
En el caso de Medina y Arellanes Cervantes, la condena a sus cuentas públicas se suma a los procesos legales que inició la administración estatal, encabezada por el gobernador Jaime Rodríguez. Medina de la Cruz enfrenta un proceso de vinculación por presunto ejercicio indebido de funciones, por apoyos ilegales para la automotriz KIA, por un monto de 3 mil 600 millones de pesos.
A Arellanes Cervantes se le vinculó a proceso por pagos indebidos a un despacho jurídico por 7.5 millones de pesos, para que la defendiera a ella y a otros 9 colaboradores de cualquier acusación surgida después de concluir su trienio.