Monterrey.- El Gobierno de Nuevo León investiga por actos delictivos a las 147 notarías públicas registradas en el Estado. Una de ellas, la 132, en Escobedo, está bajo auditoría, mientras que a otra más en Linares ya se le retiró la patente.
En la investigación, la Procuraduría estatal revisa a los 147 titulares por la sospecha de que están involucrados en varios tipos de ilegalidades.
Una de ellas, la Notaría Pública número 132, a cargo de Armando Hernández Berlanga, fue suspendida según la lista de notarios disponible en el portal oficial del Gobierno del Estado.
ABC constató que la notaría, otorgada en el gobierno del priista Benjamín Clariond, está clausurada por investigaciones en su contra.
Al solicitar realizar un trámite, una empleada aseguró que no están operando por una suspensión debido a una auditoría que se les realiza.
En el establecimiento ubicado en la avenida Juárez en el municipio de Escobedo, recomendaron regresar en un periodo de quince días.
La Notaría Pública número 132 fue otorgada por Benjamín Clariond a Armando Hernández Berlanga, esposo de María Teresa Herrera Tello, cuando ésta fue presidenta del Poder Judicial en Nuevo León.
Una fuente estatal explicó que el objetivo de la investigación es meter orden en las notarías públicas.
“Nosotros estamos investigando a todas las notarías y ésta (la 132) resultó con muchos problemas y con acciones que pueden ser tipificadas como delito.
“No es la única, ya van varias suspendidas, (la patente) puede ser revocada y la notaría cerrada. Estamos metiendo en orden a todos”, comentó la fuente.
Un notario público o fedatario es un abogado que brinda seguridad jurídica en diversos actos legales y recibe ese cargo como concesión o regalo de un gobernador del Estado saliente.
Los notarios pueden redactar y dar forma legal a una escritura pública, contratos, un acta notarial, una fe de hechos, testamentos, poderes, en la constitución de sociedades, compra-ventas, donaciones, hipotecas, fideicomisos y adjudicaciones por herencia