Monterrey.- Sanciones económicas fue el único castigo que aplicaron las autoridades estatales para los involucrados en el fraude de la compra-venta de cobijas para zonas pobres de Nuevo León.
Un comunicado del gobierno estatal señala que a Rogelio Benavides Pintos, quien fue removido como subsecretario de Administración, se le castigó con 100 días de salario, al igual que a Gonzalo Padilla, director de Adquisiciones.
Por su parte, la empresa que entregó cobertores sin cumplir el tamaño y peso estipulados en la convocatoria, deberá entregar 60 mil cobertores extras para resarcir el daño al erario.
Comercializadora Mirof, con la complacencia de las autoridades estatales, entregó en diciembre pasado 200 mil cobijas que no cubrían los requisitos establecidos, lo que atribuyeron a "un error".
Otros funcionarios involucrados solamente recibirán apercibimientos privados, y únicamente Jesús Efraín Mazatán, representante de la Contraloría, tendrá apercibimiento público.
