Monterrey.- Especialistas y alcaldes metropolitanos alertaron sobre las implicaciones que tendrá la autorización de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en materia judicial y de movilidad sustentable.
Para la presidenta de la Asociación Metropolitana de Alcaldes, Clara Luz Flores, es una legislación que por sus especificaciones permitirá que los desarrolladores construyan en sitios que les convengan, aún cuando en las planeaciones municipales el uso de suelo no lo permita.
El alcalde de San Nicolás, Víctor Fuentes, consideró que con la controversia constitucional que firmaron los munícipes del área metropolitana ayudará a detener la Reforma.
"Desde el gobierno central se pierde el principio de autonomía de las comunidades, entonces, las decisiones que estén más cerca de los ciudadanos y que tienen que ver con regulación del suelo son prioritarios de la Carta Magna, es por ello que la viola el artículo 115 constitucional", dijo.
Los alcaldes metropolitanos impulsan, desde el 20 de enero pasado, una controversia constitucional con la que aspiran a dar marcha atrás a la Ley.
En tanto, arquitectos como Juan Ignacio Barragán, Gabriel Todd y Maricarmen Elosúa tuvieron opiniones encontradas alrededor de la ley.
Gabriel Todd, director del Instituto Municipal de Planeación de Monterrey, por ejemplo, consideró que lo más importante es priorizar el uso del espacio público por sobre cualquier otro aspecto.
Mientras que Elosúa, quien es regidora en San Pedro reprobó las modificaciones que vienen en la Ley de Asentamientos Humanos al señalar que los cambios que planea esta legislación son más difíciles de aplicar en ciudades que ya están hechas.
"El municipio va a ser únicamente un ejecutor pues no va a poder separar el uso de suelo de cada zona. No queda claro el impacto urbano, territorial, muchas facultades del municipio quedan confusas", señaló.
El Diputado local Eugenio Montiel indicó que luchan por avanzar la Ley de Coordinación Metropolitana que va a permitir dar control a los municipios sobre decisiones de uso de suelo.
Las mesas de trabajo en este tema, comenzarán en febrero y se espera que la ley quede lista a mediados de año.