Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia registrada en el Penal de Cadereyta, donde murieron 18 internos y resultaron lesionados más de 40.
Mediante el comunicado publicado el miércoles, el organismo internacional también llama al Gobierno del Estado investigar y sancionar a los responsables.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena los recientes hechos de violencia ocurridos en el penal estatal de Cadereyta, en Nuevo León, México”, dice el texto del comunicado.
“La CIDH insta al Estado a realizar la investigación respectiva, identificar a los responsables y establecer las sanciones pertinentes”.
En el documento la CIDH hace mención de los hechos que se presentaron el 9 y 10 de octubre en el Centro de Reinserción Social Cadereyta, en donde 150 internos protestaron contra la dirección del penal incendiando objetos y tomando como rehenes a tres guardias.
La CIDH también expresa su punto de vista sobre el uso de la fuerza letal que el Estado informó que tuvo que aplicar ante la situación que enfrentaba.
“… los cuerpos de seguridad solamente pueden recurrir al empleo de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida y cuando resulten ineficaces medidas menos extremas”, dice el documento.
“Tomando en consideración lo señalado por las autoridades del Estado respecto de que actualmente se realizan las autopsias para determinar la causa de cada una de las muertes, la CIDH reitera el deber del Estado mexicano de realizar un control adecuado y verificación de la legalidad del uso de la fuerza”.
También pide a las autoridades estatales que cuando tenga conocimiento de las consecuencias letales derivadas del uso de armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad, debe iniciar de oficio y sin dilación una investigación seria, imparcial, efectiva y abierta al escrutinio público.
Recordó que en su Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, destacó la situación de inseguridad, y las condiciones que permiten o propician hechos de violencia entre internos, como patrones comunes y estructurales que caracterizan la problemática carcelaria.
Los Estados, expresa, tienen el deber jurídico de adoptar acciones concretas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los reclusos.
“Entre ellas, asegurar la seguridad interna en los establecimientos penitenciarios, mediante la prevención efectiva del ingreso de armas, y el control de la actividad de las organizaciones criminales presentes en las cárceles”, menciona.
La CIDH tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA.